By EXPLOSIÓN,DOS MUERTOS EN PLANTA ELÉCTRICA DE IBERDROLA.La empresa guarda silencio
ENSENADA,BAJA CALIFORNIA,11 diciembre 2020/
Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Foto principal: Iberdrola
La transnacional española Iberdrola, primer productor eólico y una de las mayores compañías eléctricas por capitalización bursátil del mundo, hasta las 16:00 horas de hoy no ha proporcionado información sobre la explosión que al mediodía se registró en su planta de ciclo combinado ubicada en el paraje La Jovita, 22 kilómetros al norte de la ciudad de Ensenada, Baja California.
Ensenada, B.C., México, a 11 de diciembre del 2020.- A esa opacidad informativa se sumaron las autoridades de los tres niveles de gobierno que a la misma hora no confirmaron ni negaron las versiones extraoficiales de que hay al menos 2 trabajadores muertos tras la explosión de un tanque de aire que se ubica en el interior de la planta, la cual tiene una capacidad de producción de hasta 315 megawatts (MW) de electricidad.
La empresa Energía Costa Azul (ECA), que surte de gas a la planta Iberdrola y es filial de la transnacional Sempra Energy que recién obtuvo del gobierno federal un permiso de exportación de gas natural licuado a Japón desde su planta en Ensenada, emitió un escueto comunicado sobre el incidente.
En dos párrafos estableció:
Con relación al incidente suscitado este día en la central eléctrica vecina a nuestra terminal -apenas dos kilómetros los separan-, Energía Costa Azul informa que sus instalaciones se encuentran funcionando en perfecta normalidad dado que este suceso es totalmente ajeno a nuestras operaciones.
«Conforme a lo establecido, se activó el Plan de Ayuda Mutua del Centro Energético La Jovita para coadyuvar en cualquier medida necesaria. Estaremos en espera de más información de parte de las autoridades correspondientes para seguir colaborando en lo que sea requerido. Expresamos nuestra completa solidaridad con nuestros vecinos y las familias de sus trabajadores».
La fábrica, conocida popularmente como “La Jovita”, se inauguró el 7 de diciembre del 2017. De ella se dijo que permitiría «dar autonomía de energía eléctrica a Baja California,» cosa que hasta hoy no sucede.
Fueron el entonces director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Jaime Hernández, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid y altos directivos de la transnacional ibérica, quienes pusieron en marcha la instalación tras una inversión del consorcio europeo de 270 millones de dólares.
Durante la ceremonia de inauguración, Jaime Hernández afirmó que de los 315 megawatts que la planta produciría gracias al abasto de gas natural que proporcionaría la transnacional Sempra, casi 295 se venderían a la CFE y los 20 restantes se colocarían en el Mercado Eléctrico Mayorista de la región; es decir, se exportarían a los Estados Unidos.
Ahora bien. La reciente entrega de un permiso federal de exportación de gas natural licuado a Sempra revivió en Baja California el viejo debate del peligro que representa el centro energético en Costa Azul, el cual acumula enormes cantidades de productos de alta y fácil combustión, además de representar un riesgo a la salud humana, contaminación del ambiente, daños a la infraestructura y alteración del clima no solo en la región, sino a nivel planetario según denunció la Asociación de Personal Académico del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (Apacicese).
El gremio científico externó su oposición al proyecto de Sempra en una carta que dirigió -el pasado 16 de julio- al entonces secretario federal del Ambiente Víctor Manuel Toledo Manzur; a la secretaria de Energía, Norma Rocío Nahle García; al director ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Ángel Carrizales López; y al presidente municipal de Ensenada Armando Ayala, éste último autor de una cuestionada consulta vecinal que sirvió para validar la reconversión de la planta gasera.
Y recientemente la doctora Laura Gómez Consarnau, investigadora en el Departamento de Oceanografía Biológica del CICESE, manifestó al diario Crónica, de la Ciudad de México, que la gasera en Costa Azul se instaló en una zona geológica inestable y activa, que provoca deslizamientos de tierra.
Es difícil entender cómo se obtuvo la autorización de su construcción. Las consecuencias de un accidente en esa planta serían devastadoras para la economía de Baja California”, agregó.
Pero eso no importó a las autoridades federales y menos a Sempra que el 16 de noviembre, con el permiso de exportación de GNL en la bolsa, arrancó su proyecto de construcción de las nuevas instalaciones en Costa Azul, que le permitirán almacenar hasta tres mil 250 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL).
En ese mismo patio industrial el consorcio californiano ya adapta otros tanques de su propiedad para almacenar en ellos hasta un millón de barriles de gasolinas para las transnacionales British Petroleum (BP) y Chevron, combustible que se comercializará en gasolineras de Baja California y la parte noroeste de Sonora.
Y a no más de 3 kilómetros de distancia, al sur de las instalaciones de ECA, la corporación transnacional mexicana Grupo Zeta Gas opera una planta con 20 esferas de almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) con una capacidad conjunta de acopio de 5 mil 400 millones de metros cúbicos del energético.
Al norte de estos dos grandes centros energéticos, a no más de 3 kilómetros de distancia, se localiza el complejo inmobiliario y turístico Bajamar cuyos propietarios y residentes, la mayoría estadunidenses jubilados y/o pensionados, por años se han opuesto a la construcción de las tres infraestructuras energéticas por el alto riesgo que representan.
La documentación jurídica y técnica que por más de 15 años han utilizado para defenderse, hasta hoy no encuentra eco en los tribunales y las dependencias en los gobiernos de Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
Finalmente, cabe recordar que el ex contralor interno de Sempra en California, Rodolfo Michelon, denunció en diciembre de 2009 y enero del 2010 que altos directivo de la transnacional usaron 35 mil 306 dólares “para remover el área de amortiguamiento” (seguridad) que abarcaba mil metros a la redonda de la planta en Costa Azul, tema en el que funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) en el gobierno de Felipe Calderón estuvieron involucrados, sin que nunca se hiciera una investigación imparcial del hecho.
Dentro de la zona de seguridad «removida» por la transnacional y la Semarnat, en donde normas internacionales preventivas para la instalación y operación de ese tipo de plantas gaseras establecen que no debe existir cualquier tipo de construcción, Iberdrola construyó y opera la planta de electricidad que hoy registró la explosión.
