¿Ya no hay Fonden ni recursos para atender desastres naturales? Es el reclamo de políticos de oposición como Felipe Calderón y Alejandro Moreno ante la devastación causada por el huracán ‘Otis’ en Tecpan de Galeana, Coyuca de Benítez y Acapulco.

Pero aunque en 2020 se determinó que dejara de funcionar como fideicomiso -lo que significó que volvieran a la Tesorería fondos por al menos 25 mil millones de pesos, según lo referido por Hacienda-, hasta ahora el gobierno mantiene una partida presupuestal con el mismo nombre y con el mismo objetivo, dentro del Ramo 23.

Misma que tuvo este año una asignación inicial de 17 mil millones de pesos, aunque luego se redujo a 13 mil 568 millones.

De ese monto, según el quinto informe, se habían gastado 5 mil 398 millones hasta junio de 2023, con el contexto de que del 1 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023 la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) había emitido cuatro declaratorias de emergencia en los estados de Chiapas, Coahuila, Durango y Nayarit, además de 11 declaratorias de desastre para la atención de 81 municipios, de siete entidades federativas.

Mientras que Hacienda, en una tarjeta informativa este 25 de octubre, reportó un gasto de 5 mil millones de pesos en gastos de reconstrucción este año, además de 10.8 para atención de emergencias, 133 millones para acciones inmediatas post-desastre, y mil 200 millones “para renovar el Seguro Catastrófico 2023-2024”.

Entonces sí, aún hay un fondo o programa para atender desastres naturales, aunque con modificaciones como si al finalizar el año no se usan los recursos deben devolverse a la Tesorería, por lo que especialistas critican que ahora hay menos seguridad en la disponibilidad de recursos, y que desde la extinción del esquema de fideicomiso se ha dado un menor gasto en atención a desastres, sobre todo en el aspecto de recuperación de infraestructura.

Mientras en 2013 y 2014 se gastaron más de 20 mil millones con cargo al FONDEN para la atención de desastres naturales, labores de reconstrucción y otras ayudas, en 2021 la cifra fue de 14 mil 564 millones de pesos, y en 2022 de 7 mil 750 millones, según datos del quinto informe. Siempre tomando en cuenta que el nivel de gasto se vincula con la cantidad de emergencias que se presenten

La organización México Evalúa ha mencionado que mientras Fonden fue fideicomiso se tenía una ‘bolsa’ garantizada de recursos disponibles, sin estar sujetos a vaivenes presupuestales ante el reto que representa el cambio climático.

Aunque, por otro lado, también recordó que en sexenios anteriores con el Fondo como fideicomiso se dieron casos de malos manejos de recursos, documentados por instancias como la Auditoría Superior de la Federación (ASF):

“En la revisión de la Cuenta Pública de ejercicios anteriores se han detectado diversas irregularidades, como son incumplimientos en los plazos de ejecución de obras correspondientes a Apoyos Parciales Inmediatos; presentación extemporánea de comprobantes de gastos de evaluación de daños y pago de obras no ejecutadas”, señaló la ASF en 2021.

“Falta de presentación del análisis de precios unitarios extraordinarios, falta de realización de estudios de mercado para procedimientos de adjudicación directa, falta de establecimiento en los dictámenes de adjudicación de los criterios de excepción a la licitación, falta de solicitud de cotizaciones a los contratistas y deficiencias en las bitácoras de obra”, agregó.

Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, dijo en su comparecencia ante diputados que con los cambios realizados en el esquema de operación del Fonden ya no se permite que Banobras, que era el administrador del fideicomiso, intervenga en la asignación de recursos.

“Lo que se hace es que se centraliza y se transfieren los recursos a los ejecutores que pueden ser: la Sedena, ahí se activa el Plan DNIII, o cualquier otro ejecutor como puede ser un Estado”, señaló.

Si bien en los datos presupuestales de Hacienda se menciona que el presupuesto modificado para Fonden era de 13 mil 568 millones al segundo trimestre del año, Yorio habló de que al programa le habían asignado 18 mil.

También mencionó lo referido en el quinto informe, que “el Gobierno de México contrató un seguro para hacer frente a los daños ocasionados por fenómenos naturales, con vigencia del 5 de julio de 2023 al 5 de julio de 2024, con una cobertura de 5 mil millones de pesos”.

Y recordó que el FONDEN como fideicomiso está actualmente en proceso de extinción, siguiendo las directrices del Decreto publicado en el DOF el 6 de noviembre de 2020, por lo que desde 2021 ha “cesado de tomar nuevos compromisos y se está enfocando exclusivamente en finalizar sus operaciones”.

Cómo ha cambiado el gasto al pasar de fideicomiso a programa

La siguiente tabla del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas muestra cómo el Fonden tuvo su mayor monto de recursos asignados en 2018, para luego ir a la baja, aunque el Centro también recordó el antecedente clave de que en 2017 se había dado la emergencia por el sismo:

El análisis del CIEP de la Cámara de Diputados es que el gobierno de López Obrador decidió extinguir el esquema de fideicomiso para el Fonden “bajo un entorno adverso causado por la pandemia” de COVID.

Ante “la amenaza de una crisis mundial económica derivada por los conflictos en el mercado petrolero y la eclosión de la pandemia del COVID 19, el Gobierno Federal buscó mecanismos de financiamiento, para cumplir con sus funciones y otorgar transferencias a los sectores social y privado, sin tener que recurrir al aumento de las contribuciones por parte de las familias y las empresas”, señaló.

“Esta medida tuvo por objeto aportar liquidez para el plan de recuperación económica, toda vez que no se tenía pensado contratar deuda para ese fin”.

Una de las críticas de los especialistas de México Evalúa sobre el cambio en el Fonden con el gobierno de López Obrador es que dentro de la baja del gasto, esta se acentuó más en el ámbito de la recuperación de infraestructura.

El monto orientado en 2021 a ese objetivo fue de sólo 2.2 mil millones de pesos, apuntó la organización, de un total de 14.5 mil millones.

El gasto, detalló, se enfocó en asistencia social, “con riesgo de uso clientelar, más que en la reconstrucción. Esto sugiere que el esfuerzo fiscal, aunque sigue existiendo, es notablemente menor y menos efectivo, pues al descuidar la reposición de la infraestructura pública y privada de las localidades dañadas hay menos posibilidad de control de los riesgos de empobrecimiento en los territorios atendidos”.

Ya para 2022, de un gasto de 7,750 millones se destinaron 3,104 a cobertura e infraestructura pública, y 2,106 para reconstrucción de carreteras.