By PODRIAN DARSE DEPORTACIONES MASIVAS DE INDOCUMENTADOS
LOS ANGELES, CALIFORNIA,JULIO 2018/- El gobierno federal no ha cumplido el mandato de la Corte, que exige que “se verifiquen los reclamos de paternidad no aptos y ponga fin a la política de “cero humanidad”.
Lo anterior fue expresado en un reporte de prensa liberado por la Coalición de Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Angeles (CHIRLA).
Recordó que recientemente el Juez Federal de San Diego, Dana Sabraw, emitió una orden que prohíbe a las agencias de inmigración deportar a las familias recién reunidas por hasta una semana, aumentando el temor ante una eventual deportación masiva.
La inquietud sobre el impacto que genera la separación de familias migrantes, coincide con la realización de una cumbre efectuada en la ciudad de Guatemala, en la que participaron los ministros de relaciones exteriores centroamericanos y de México.
CHIRLA), la organización de derechos de inmigrantes más grande de California, reaccionó con incredulidad respecto a la declaración conjunta del HHS, DHS y DOJ.
Apenas en la edición pasada (la 28, que comprendió la semana del 13 al 19 de julio), publicábamos que “en el banquillo de los acusados se encuentran las agencias federales (de inmigración implicadas) en la separación familiar”.
“Separación brutal”
La organización con sede en la ciudad de Los Ángeles sostuvo que “promocionando los esfuerzos de ‘buena fe’ de la Administración Trump para reunir a 57 niños de casi 3,000, se ha separado brutalmente de sus padres y ha pedido a los tribunales que ordenen (al gobierno) de Estados Unidos que proporcione detalles sobre cómo planea reunir a los niños restantes para la fecha límite del 26 de julio del 2018”.
Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, reforzó la postura en este sentido: “La Administración Trump quiere que el pueblo estadounidense crea que está trabajando de buena fe para reunir a las familias que se separaron caprichosamente hace casi dos meses”.
Aunque reconoció que el gobierno ha cumplido en parte con una orden judicial para reunir a 57 de los 103 niños bajo los 5 años con sus padres, “la administración Trump no establece lo obvio: todavía debe reunir a más de 2, 000 niños, que secuestró, a sus padres”.
Nueva orden
En el mismo orden de ideas, el juez federal Dana Sabraw emitió el martes 17 de julio una orden en la que prohíbe que el gobierno federal deporte a familias inmigrantes recién reunidas en un plazo de al menos una semana, pues dio un plazo al 26 de julio para que entregue a sus padres, los más de 2 mil niños detenidos.
Acerca de ello, la Unión Americana de Libertades Civiles, (ACLU), organización que interpuso la demanda referida, reconoció que han “aumentado los temores de deportaciones masivas por personas que fueron separados de sus hijos en la frontera”.
El juez Sabraw, acordó la prohibición de una semana deportaciones en respuesta a documentos judiciales presentados por la ACLU expresando preocupación
que el gobierno planea deportar rápidamente a las familias una vez que los niños separados se devuelven a ellos, posiblemente sin el debido proceso legal.
Los abogados dijeron que las familias recién reunidas deberían tener tiempo para discutir si planean buscar asilo en los Estados Unidos y discutir con abogados las posibles ramificaciones de tal movimiento para los padres y niños.
La orden de Sabraw permanecerá vigente hasta el 23 de julio, dando como plazo, al gobierno federal, una semana para responder a las preocupaciones de la ACLU.
Alrededor de 2,500 de esos niños están bajo custodia federal.
Como se informó con oportunidad, durante una visita realizada a la ciudad de San Diego el 7 de junio, el Procurador de los Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció que a partir de ahora los migrantes que crucen ilegalmente serán acusados de un delito penal, lo que seguramente resultará en la separación de adultos y los niños que vengan con ellos.
