El llamado es al gobierno de Baja California, aún a cargo de Francisco Vega, del PAN, para que actúe con urgencia para dejar sin efecto el decreto de esta reforma aprobada el 8 de julio.
«Se le exhorta al gobernador del estado a que, con fundamento en las facultades que le confiere la Constitución del estado, proceda a devolver con observaciones al Congreso (local) el proyecto de decreto (pues este) viola los principios constitucionales de legalidad, certeza, seguridad jurídica y máxima publicidad que soportan el orden constitucional federal y estatal», dice el punto de acuerdo.
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La postura del Congreso federal se da a nueve días de que la Legislatura de Baja California —en la que el PAN es mayoría— aprobara la ampliación de la gubernatura de Bonilla de dos a cinco años.