«Negociazo», pero 98 de cada 100 empresas de seguridad privada en México son «patito».
Los empresarios del sector reclaman un marco jurídico coherente y actualizado
Según recuerdan desde la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (Amesp), la actual Ley Federal de Seguridad Privada data de 2006 y contempla siete modalidades:
- Seguridad privada a personas.
- Seguridad privada en los bienes.
- Seguridad privada en el traslado de bienes o valores.
- Servicios de alarmas y de monitoreo electrónico.
- Seguridad de la información.
- Sistemas de prevención y responsabilidades.
- Actividad vinculada con servicios de seguridad privada.
Sin embargo, teniendo en cuenta las condiciones de inseguridad del país, las amenazas emergentes, el avance tecnológico y la profesionalización de los servicios de seguridad privada, los empresarios consideran que la norma ha perdido vigencia.
Asimismo, observan que, además de una ley federal obsoleta, deben cumplir lo establecido en 32 normas estatales contradictorias y en los reglamentos municipales. En este sentido, se han identificado hasta 500 puntos de conflicto en las diferentes normativas. Y ello ha provocado una excesiva regulación, trámites burocráticos, prácticas de corrupción y coerción hacia los empleados y empresarios del sector.
Por todo ello, Amesp reclama una Ley General de Seguridad Privada que establezca un marco jurídico coherente y actualizado que contribuya a prestar servicios de calidad y suponga un beneficio para quienes los contratan.
El 55% de los profesionales consultados por ‘Segurilatam’ no cree que la nueva y esperada Ley General de Seguridad Privada sea expedida en México antes de que concluya el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2024.