By FEDERACIÓN RECORTA 120 MILLONES PARA EDUCACIÓN A BAJA CALIFORNIA
Por Francisco Domínguez/MEXICALI,BAJA CALIFORNIA/23 AGOSTRO 2019/MONITOR DE B.C.
La incertidumbre económica y la baja recaudación del gobierno federal siguen castigando los convenios establecidos con Baja California en el sector educativo, que durante el primer semestre de 2019 reportaron una fuerte caída de 11.4 por ciento a tasa anual.
De acuerdo con Hacienda, el recorte por 122 millones 300 mil pesos, viene de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de los convenios de descentralización que tiene con el gobierno estatal, por lo que se encienden los focos rojos luego de la postura conservadora de la federación en razón al presupuesto para los siguientes meses.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) documenta que por parte de la SEP, a Baja California le pagaron mil 454 millones 400 mil pesos de enero a abril de 2019, cifra menor a los mil 576 millones 700 mil pesos transferidos en el primer semestre de 2018.
Por lo que respecta al mes de junio, también hubo una contracción, la cual fue de 5.4 por ciento a tasa anual respecto al sexto mes de 2018. En ese sentido, de los convenios con la SEP, el gobierno estatal de Baja California recibió 268 millones 400 mil pesos, monto menor a los 272 millones 900 mil pesos, reporta Hacienda en su portal de transferencias.
Caber recordar que los convenios de descentralización y reasignación son acuerdos que las dependencias del gobierno federal firman a lo largo del ejercicio fiscal con las entidades federativas para transferir recursos presupuestales que son susceptibles de ser federalizados, con el propósito de concertar la descentralización de acciones federales, mediante la colaboración y coordinación de ambas instancias de gobierno.
En ese sentido, estos procesos de asignación del gasto programable consisten en transferir del gobierno federal a los gobiernos locales la responsabilidad, que las leyes respectivas establecen, sobre el manejo y operación de los servicios y recursos financieros en materia principalmente de educación, salud y seguridad pública.
Lo anterior implica la participación de los gobiernos locales en el diseño e instrumentación de las políticas y el acercamiento de la autoridad a la población demandante con el fin de hacer más eficaz la operación de dichos servicios.
