Determina la SCJN que ejército mexicano en tareas de seguridad es constitucional

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el decreto por el que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad pública hasta 2024 es constitucional.

Durante la sesión de este martes, los ministros establecieron que la Ley de la Guardia Nacional le permite al Poder Ejecutivo realizar estas acciones, por lo que rechazaron que con esta orden se hayan invadido las funciones del Poder Legislativo.

Según el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, no estaba a discusión la validez de la militarización del país, sino que se analizó la facultad que tenía el presidente López Obrador para poder emitir este decreto.

Además, sostuvo que el decreto no impide que el Congreso redacte una ley que limite las capacidades del titular del Ejecutivo para realizar este tipo de acciones.

Así fue la votación a favor del ‘decretazo’ sobre el Ejército

Con una mayoría de ocho votos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es válido el decreto por el que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que las fuerzas armadas participen en labores de seguridad pública hasta el 2024.

Durante su intervención, el ministro Jorge Pardo Rebolledo explicó que el Alto Tribunal se debía enfocar únicamente a definir si el presidente había invadido las facultades del congreso o no.

“Aquí el análisis debe de ser sobre la base de si hay invasión de competencias de un órgano al otro. Yo no lo advierto”, señaló el ministro anunciando que votaría a favor de la validez del decreto.

Además, insistió en que el presidente tenía permitido hacer uso de los órganos castrenses, por lo que rechazó que López Obrador haya incurrido en alguna falta.

“Es importante señalar que la base fundamental de la autorización es que el ejecutivo federal puede hacer uso de las fuerzas armadas mientras se consolida la Guardia Nacional, que es un órgano previsto para hacer las veces de una policía civil”, sintetizó.

Por otro lado, rechazaron que con esta decisión se esté avalando la militarización del país, ya que esta controversia no estaba relacionada.

La ministra Margarita Ríos Farjat explicó que “este acuerdo no es la fuente del ejército en las calles, como suele decirse. Esta es una decisión del (legislativo)”.s