DEMANDAN JUICIO POLÍTICO CONTRA ALCALDESA DE PLAYAS DE ROSARITO

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PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA,22 marzo 2020/

Transportistas de Playas de Rosarito presentaron Ante el Congreso del Estado,una demanda de juicio político en contra de Araceli Brown, alcaldesa de este municipio, toda que vez que consideraron que se violento el Artículo Sexto Transitorio, del decreto que creó el Instituto de Movilidad del Estado. Presentan demanda de juicio político contra la Presidenta ...

La denuncia que fue presentada ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, se basó en la aprobación de dictámenes donde se otorgaron más de cien permisos para taxis el pasado 18 de marzo.

Los permisionarios afectados señalaron que esta acción atenta en contra del nuevo orden legal de Baja California, que en su sexto artículo establece:

“Sin perjuicio del artículo anterior los Ayuntamientos tienen prohibido expedir nuevas autorizaciones, permisos o concesiones; en caso de hacerlo estarán a lo previsto en la Ley de Responsabilidad Administrativa del Estado de Baja California”.

AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

El VIII Ayuntamiento de Playas de Rosarito dio a conocer en un boletín emitido este domingo 22 de marzo, que en total se trató de 89 permisos de transporte público, pero que éstos no se otorgaron sino que sólo se transfirieron, pues había de por medio un mandato judicial encaminado a llevar a cabo la transferencia.

Por el presunto incumplimiento, el gobierno municipal indicó que en su momento se hizo objeto de “una amonestación por parte de un Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California”.

Supuestamente el tema no había sido atendido por anteriores administraciones, de ahí que se le ordenara al actual Ayuntamiento realizar el procedimiento correspondiente.

También se dio a conocer que el Cabildo rosaritense puso en claro la semana pasada que “no se otorgaron permisos nuevos, sólo hubo cambio de concesionarios”.

De acuerdo con el titular del área jurídica VIII Ayuntamiento, José Antonio Arroyo, de no habérsele dado cumplimiento al mandato judicial, el gobierno municipal habría incurrido “en desacato a un mandamiento hecho por una autoridad jurisdiccional”.

Mientras que para Brown Figueredo, el hecho de haber acatado esa disposición demuestra que la administración municipal actuó con apego a la normatividad, “salvaguardando los principios de legalidad, máxima publicidad y objetividad”, según da cuenta el comunicado oficial.