By UNA FAMILIA DESTROZADA POR LA «TOLERANCIA CERO» DE ESTADOS UNIDOS
El miércoles por la noche en la taquería La Pasadita, el periodista peruano Jaime Bayly increpaba desde el televisor a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. “Usted es un criminal. Usted es un dictador”. Ajena a los pleitos de Miami con el socialismo bolivariano, Buenaventura Martín luchaba por darle tenedores de arroz con frijoles a su bebé Pedrito, mientras su hija Janne hablaba del señor John y la señora Susie, dos jubilados de Michigan que la acogieron cuando el señor Donald Trump la separó de su padre.
“La escuela estaba lejos. El señor John me llevaba en carro. Eran buenos. Me compraron ropa y helados. Me llevaron a la piscina y a la iglesia. La casa era bonita. Pasaba un río sucio y vi una culebra”. Janne tiene siete años y su lengua materna es el mam, un dialecto de Guatemala. De pronto deja de hablar de Michigan y se esconde en el regazo de su madre. “Está muy sensible”, dice Buenaventura, de 29 años. “Llora, no se me despega”.
Buenaventura, Janne y Pedrito viven desde julio en Homestead, una localidad unos 60 kilómetros al sur de Miami, con un hermano de la madre y otros inmigrantes. Ella y el bebé emigraron de Guatemala en mayo, fueron detenidos tras cruzar sin papeles la frontera de EE UU, internados juntos en un centro para indocumentados y al cabo de unos días puestos en libertad con citación judicial para ella. Janne y su padre, Pedro Godínez, salieron de su país una semana más tarde –“La niña aún tenía que ir a la escuela”, dice sin más Buenaventura– y fueron arrestados en el borde con México, pero a ellos los separaron, víctimas de la política de tolerancia cero de Trump. Más de 2.500 menores fueron alejados de sus padres indocumentados en mayo y junio hasta que una ola de críticas hizo que el presidente frenase esta medida y un juez ordenase la reunificación de las familias, aún por completarse. A principios de agosto, más de 500 seguían bajo custodia federal y en el caso de más de 400 sus padres ya habían sido deportados a sus países.
“Cuando mi papá y yo íbamos en el desierto salieron dos carros de la migración [la Guardia Fronteriza] y le tocaron los bolsillos a mi papá por si tenía algo y yo lloré mucho. Cuando llegamos a la cárcel por la noche tenía mucho frío y nos dieron una sopa. A las seis me quitaron a mi papá y yo lloré mucho. Fuimos en carro al aeropuerto y llegamos a Michigan y una trabajadora que se llama Alma me llevó a casa de los señores”, recuerda Janne, que estuvo seis semanas con la pareja de acogida diciéndoles por señas cuándo tenía hambre y cuándo no quería más. La niña no para de ver vídeos musicales en el teléfono de su madre. Pasa minutos absorta en la pantalla. Viste una camiseta que dice en inglés: “Hola rayos de sol”.
Buenaventura pasó alrededor de una semana con su bebé de 11 meses en un centro de detención de Arizona. “Los de migración nos trataron mal. Decían que estábamos en su país y que somos criminales”, dice. “Pero algunos eran buenos y me dieron hasta dos o tres pañales cuando pedía”. Según su testimonio, dormía con el niño en el suelo, no se podían duchar, les daban “una sopa instantánea por la mañana y otra por la tarde” y para beber tenían que tomar agua del baño. Asegura que el crío tuvo fiebre y diarrea y que los agentes la ignoraron cuando pidió medicinas: “Me dijeron que el gobierno no tenía porqué pagarle los medicamentos a mi hijo”. Varias organizaciones sociales denunciaron en julio el supuesto maltrato a los inmigrantes en los centros de detención e interpusieron una demanda en un tribunal de California con base en 200 entrevistas con afectados.
Janne muestra el miércoles la foto de su padre, preso en Texas, con su madre Buenaventura detrás sosteniendo a su bebé en Homestead.GIORGIO VERA
