UN EMBUDO MIGRATORIO LLAMADO TIJUANA

Diana Martínez mira con asombro la valla que divide a Estados Unidos de México. “¿Eso es la frontera?”, se pregunta esta hondureña de 28 años que ha viajado durante un mes con su hija de 3 años, Lucy, en la caravana migrante. Martínez acaba de llegar a Tijuana y ha ingresado a un albergue que el Gobierno abrió enfrente de la frontera. Mientras observa curiosa el paisaje al otro lado de la reja, la inmigrante reconoce que entrar a Estados Unidos tomará algún tiempo, sobre todo, tomando en cuenta que lo que desea es pedir asilo. “A Honduras no queremos regresar. Hemos sacrificado todo, hasta nuestras vidas, por llegar hasta aquí y luchar por lo que queremos”, dice. Para ella quedarse en Tijuana indefinidamente es casi su primer instinto.

La ciudad fronteriza ha recibido hasta ahora a 2.000 de los 9.000 centroamericanos que se unieron a la caravana. A las puertas de Estados Unidos no están dispuestos a dar un paso atrás. La llegada de los inmigrantes a Tijuana en los últimos días ha abierto entre sus habitantes el debate sobre si la ciudad tiene la capacidad para acogerlos de forma temporal e incluso definitivamente. “El tijuanense es generoso, está formado en la cultura de la migración pero también está temeroso sobre su seguridad”, admite Francisco Rueda, secretario general de Gobierno de Baja California. De momento las autoridades locales reconocen que podrían sostener un albergue hasta para 3.000 personas durante dos meses, si el Gobierno federal garantiza 80 millones de pesos (4 millones de dólares) para mantenerlo funcionando.

Tijuana es un enclave históricamente migratorio de 1,8 millones de habitantes. Como otras ciudades en la frontera con Estados Unidos posee una simbiosis con las comunidades del Estado de California (EE UU). Algunos inmigrantes de diversos países que en algún momento buscaron entrar a territorio estadounidense han encontrado oportunidades para quedarse en esta ciudad mexicana. Por ahora, asegura Rueda, existen unos 7.000 empleos para atender la necesidad de trabajo e ingresos de los recién llegados. “Hay oportunidades de empleo para quien lo solicite, pero tienen que regularizar su situación migratoria”, insiste.

El optimismo del Gobierno de Baja California no coincide con las palabras del alcalde Tijuana, Juan Manuel Gastelum. El funcionario del conservador Partido Acción Nacional (PAN) ha llamado a los centroamericanos “indeseables” y ha mencionado que “los derechos humanos son para los humanos derechos”. Gastelum se ha manifestado abiertamente en contra de que la caravana ingrese a su ciudad aunque su Gobierno coopera en la organización de los albergues temporales. La postura del alcalde es compartida por algunos de sus gobernados. La noche del 14 de noviembre un grupo de vecinos de Playas de Tijuana, un barrio de clase media donde el mar y la frontera convergen, salieron a las calles para exigir a los inmigrantes que abandonaran el parque en el que se habían instalado y también lanzaron expresiones xenófobas contra los centroamericanos. “No sabemos quienes son, no queremos que se queden en Tijuana, cayeron aquí como paracaidistas”, mencionó José González, uno de los vecinos. En la protesta nocturna, los vecinos mexicanos se quejaron de que el Gobierno utiliza el presupuesto para el mantenimiento de los albergues.

Apenas hace dos años Tijuana enfrentó la llegada masiva de inmigrantes haitianos que buscaban asilo en Estados Unidos. Al menos 3.000 de ellos decidieron asentarse en la ciudad mexicana ante el rechazo de las autoridades migratorias estadounidenses. Un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala que en la mayoría de los casos los ciudadanos haitianos que permanecieron en Tijuana adquirieron empleos con ingresos mínimos y fueron reubicados en barrios marginales de la ciudad. El Cañón del Alacrán –un barrio al fondo de una barranca al este de Tijuana– unos 400 haitianos viven en casas de madera que una iglesia evangélica ha ayudado a construir. Allí no llega el agua potable y las calles son de tierra. “La vida es muy difícil aquí, hay que trabajar muchas horas por poco dinero”, dice Eline Dousmelos, una haitiana de 30 años que vive en lo que los locales han llamado La Pequeña Haití.

El alcalde de Tijuana ha defendido que la integración de los haitianos fue bienvenida porque entraron legalmente a México. “Con los haitianos era diferente porque sí llevaban sus papeles”. El informe de la CNDH apunta a que las autoridades no consiguieron trabajar en la integración de la comunidad haitiana en la ciudad. “[El Gobierno municipal] no logró comprender ni asumir su rol en el desafío, que primero fue de asistencia social y después transitó hacia las condiciones de que permitieran la inclusión social plena. Rechazó lo primero e ignoró lo segundo”, se lee en el reporte.

Las donaciones de comida y ropa para los centroamericanos llegan a los albergues de manos de habitantes de Tijuana, así como de estadounidenses que cruzan a México regularmente. “Debemos tener un corazón humanitario con ellos, el problema es que la gente en Tijuana no lo ve así. Al principio los ayudan, pero les da miedo pensar que se pueden quedar aquí”, comenta Concepción Galván, una vecina de Playas de Tijuana, de 54 años. Antes de la llegada de la caravana, unas 2.800 personas -de diferentes nacionalidades- ya se encontraban en la ciudad pidiendo asilo a Estados Unidos, según datos del Gobierno de Baja California. El temor de los locales también es que el cruce fronterizo colapse. “Le pediríamos al Gobierno federal que oriente a la caravana a otros puestos fronterizos”, demanda el secretario Rueda. Los autobuses que han recorrido todo México con los inmigrantes a bordo siguen llegando a cuentagotas.