Senado aprueba en lo general y particular la ‘supremacía’ constitucional en México.
Los legisladores de Morena argumentan que los cambios los artículos 105 y 107 de la Constitución evitará que el Poder Judicial obstaculice los cambios promovidos por el Legislativo.
25 octubre 2024 /
El Senado de México inició la noche del 24 de octubre la discusión de un dictamen que busca establecer la improcedencia de amparos y controversias contra reformas a la Constitución.
El proyecto de reforma a los artículos 105 y 107 constitucionales avanzó con la mayoría oficialista en comisiones, en medio de una polémica desatada desde su origen por reforzar la soberanía del Poder Legislativo frente al Judicial y las calificaciones de impulsar una supremacía constitucional.
La medida también surge como mecanismo para blindar reformas constitucionales recién aprobadas por la mayoría oficialista en el Congreso de México como la elección de jueces, que ha recibido al menos dos suspensiones por jueces federales, y otras en el tintero como la eliminación de órganos autónomos, en medio de acusaciones contra el Poder Judicial de ser corrupto y no imparcial.
ras una par de horas de discusión, el Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular el dictamen en materia de impugnabilidad a la Constitución con 85 votos de los partidos oficialistas integrados por Morena, PT y PVEM, alcanzando la mayoría calificada. La reforma recibió 41 votos de los partidos de la oposición.
Enfrentamiento entre senadores por ‘supremacia constitucional
Al presentar el dictamen, el senador de Morena Óscar Cantón Zetina, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales señaló que el fin de la reforma es precisar que no procederán las acciones de inconstitucionalidad ni las controversias constitucionales contra reformas aprobadas por el Congreso, así como evitar que el juicio de amparo sea utilizado para impugnar estas modificaciones.
Durante la sesión, los senadores se enfrascaron en el debate con posturas contrastantes, donde los legisladores del morenitas defendieron la reforma, argumentando que esta medida evitará que el Poder Judicial obstaculice los cambios promovidos por el Legislativo, en consonancia con lo que consideran el mandato popular.