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SAT CONDONÓ 15 MIL MILLONES DE PESOS A IMPORTADOR DE «AUTOS CHOCOLATES» DE MEXICALI.

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA,09 octubre 2019/

Antonio Heras y Jorge Heras / Lindero Norte/

Mexicali salió a la palestra porque de acuerdo a información oficial de la Secretaría de Hacienda aquí vive el hombre que benefició el SAT con la cancelación del pago de 15 mil millones de pesos de impuestos por la venta de vehículos importados.

DOMICILIO FISCAL

El problema es que se trata de un fantasma porque para empezar es inexistente el domicilio fiscal del máximo beneficiario de condonación de impuestos en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto: se trata de Jesús Manuel Ornelas Herrera, con una actividad de vendedor de autos al menudeo, refacciones y combustible.

Ornelas Herrera encabeza la lista de beneficiados con la cancelación de créditos fiscales por parte del SAT, en el periodo 2007-2015, ya que en 2014 se le cancelaron adeudos fiscales por 15 mil 452 millones 186 mil 400 pesos.

A los 47 años de edad, según su cédula fiscal, el Poder Judicial de la Federación le otorgó en julio de 2009 un amparo para importar 30 mil vehículos usados, de Estados Unidos a México y, cinco años después, el SAT le condonó el pago de impuestos.

Según su registro de contribuyentes su domicilio fiscal está en la calle General Manuel M. Dieguez número 1699, en Las Hadas, un fraccionamiento popular del oriente de Mexicali.

Además de no existir el domicilio fiscal de este «negocio de un solo hombre», en el mundo de los yarderos y vendedores de refacciones de esta frontera, Ornelas Herrera también es un completo desconocido.

Fuentes consultadas advirtieron que lo más seguro es que se trate de un prestanombres del gran negocio que representó entre 2007 y 2014 la importación de vehículos con el amparo de la justicia federal para evadir impuestos sobre el precio real de las unidades.

Una decisión del presidente Felipe Calderón para proteger a los grandes productores de autos nuevos a través del decreto automotriz de 2008 y frenar el ingreso de autos «chocolates» procedentes de Estados Unidos incrementaron los precios de las importaciones de autos usados pero abrió un negocio millonario para quienes promovieron y obtuvieron amparos del Poder Judicial de la Federación.

Los carros siguieron cruzando la frontera para beneficio de los habitantes de la franja fronteriza pero también para todos los rincones del pais. En lugar que la hacienda federal se viera fortalecida por las tasas impositivas lleno los bolsillos y arcas de politicos y comerciantes pues les dejó ganancias de al menos 500 dólares por unidad.

Con Peña Nieto se cerró el círculo de impunidad pues se condonaron todos los impuestos a uno de los propietarios de este negocio

Investigaciones y sanciones

En tres diferentes momentos, en la ultimo lustro, la Fiscalía General de la República (FGR) detectó una red de corrupción en el ingreso ilegal de vehículos extranjeros por la aduana de Mexicali al subvaluar los precios de las unidades en los trámites de importación.

Las carpetas de investigación advierten el uso de facturas apócrifas para el ingreso de vehiculos a territorio mexicano.

La FGR investigó al entonces administrador de la aduana en la capital de Baja California, Enrique Manjarrez, quien se desempeñó en ese cargo durante unos meses a partir de marzo del 2018, al agente aduanal Roberto Ruiz Armas, a Arturo Pérez Behr de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores, a funcionarios de Dirección General de Aduanas y a propietarios de 15 empresas, según el expediente SZC/11495/2018.

La indagatoria que incluye la operación fraudulenta en las aduanas de Mexicali y Ciudad Juárez por el uso de 80 mil facturas apócrifas y un pago ilegal de 300 dólares por carro.

Durante más de una década se introdujeron por las aduanas del norte del país miles de carros, a través de amparos concedidos por dos jueces federales de Mexicali que después fueron separados de sus puestos y que estaban vinculados a empresarios y políticos priistas y panistas.

En 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la inhabilitación por diez años del juez de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Carlos Cataño González, vinculado con los amparos a importadores de autos «chocolates».

Cataño fue sancionado por el Consejo de la Judicatura durante una década por los amparos que permitieron la importación ilegal de carros de Estados Unidos a México, toda vez que contravenía un decreto presidencial que impuso restricciones ambientales y fiscales.

La inhabilitación se realizó porque el abogado fue secretario del Juzgado Segundo de Distrito del PJF en el Estado de Baja California.

El procedimiento administrativo siguió su curso y cuando concluyó con la separación de dos jueces federales y cuatro secretarios de juzgado de distrito, Cataño ya se había convertido en magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baja California.

Hace 5 años el Consejo de la Judicatura suspendió a José Neals André Nalda, Juez Décimo de Distrito en Guerrero y a Juan Manuel Serratos García, magistrado del Quinto Tribunal Colegiado del Circuito Auxiliar de la Quinta Región en La Paz, Baja California Sur.

La sanción de ambos fue por la tramitación de amparos en beneficio de empresas cuando fungían como jueces en el Tercer Distrito del PJF.

Tambien periodisticamente le seguimos la huella a la empresa Automotores 2017, asentada en Mexicali fueron acusadas de importar vehículos desde Estados Unidos de manera ilegal.

En específico, las empresas involucradas en la importación ilegal de autos violarían los artículos 501 y 502 del TLCAN, que exigen que “el certificado de origen sea válido para la aplicación de preferencia arancelaria y sea necesario contar con soporte documental que avale que los bienes califican como originarios”.

Además, indica la denuncia, falsificaron documentos de emisión de contaminantes al no presentar los vehículos en centros de verificación de Estados Unidos conocidos smog check.

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