By «SACAN DE LA CONGELADORA» AL SISTEMA ESTATAL ANTICORRIPCION
*Exhorta Congreso a gobernadora a reactivar a Fiscal y Magistrado Anticorrupción
Jorge Heras y Antonio Heras
Mexicali, BAJA CALIFORNIA,29 marzo 2022/
Después de permanecer relegado durante todo el gobierno de Jaime Bonilla, el Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California regresará a la actividad institucional por una reforma propuesta por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
En 2020, la secretaria de la Función Pública y la legislatura bonillista decidieron «congelar» a esta instancia ciudadana luego que solicitara información sobre presuntos actos de corrupción de esa administración que inició con el pie izquierdo por «Los moches» para contratos de gobierno que involucró a quienes fueron oficial Mayor, secretarios General de Gobierno y del Bienestar, así como por la cesión de notarias públicas
Este 12 de marzo de 2022, la iniciativa se presentó en el Congreso del Estado tras considerar una resolución judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida en 2020.
Las modificaciones consisten en reducir a cinco el número de ciudadanos que participen en el SEABC, de los 15 originales que iniciaron actividades en 2018.
La iniciativa señala que se designarán consejeros ciudadanos con duración en el cargo de uno, dos, tres, cuatro y cinco años, respectivamente, en donde se respetará la equidad de género.
También señala que los consejeros con nombramientos vigentes se mantendrán en su encomienda constitucional hasta concluir sus periodos. Tal es el caso de Claudia Télles y Jorge Topete que concluyen en julio de 2023, mientras que Francisco Fiorentini, Eduardo Arredondo y Omar Marrón lo terminan en tres meses.
El Congreso local está obligado a instalar el Comité de Selección para la convocatoria, revisión de perfiles y designación de al menos dos mujeres y un hombre que entrarán en funciones el 15 de julio.
Además debe designar al contralor de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y suprime un párrafo en la Ley para evitar «interpretaciones» de supuestas facultades de la Secretaría de la Honestidad que durante la administración de Bonilla Valdez sirvió para «suspender» a cinco consejeros, al secretario técnico y a la directora de Administración y Servicios.
En el esquema institucional una parte toral es aquella que se encarga de las denuncias penales y de las sanciones administrativas.
Desde enero de 2020 está acéfalo el cargo de fiscal especializado de investigar delitos cometidos por servidores públicos.
En esta figura recaen las denuncias de corrupción, de peculado, coalición de servidores públicos y otros delitos que cometen funcionarios y empleados gubernamentales.
Desde marzo de 2020 tampoco hay magistrado Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa responsable de resolver denuncias de faltas administrativas graves cometidas por funcionarios y empleados públicos.
Pero también de resolver las quejas de los servidores públicos por actos arbitrarios en sanciones de la Secretaría de la Honestidad y sus órganos internos de Control, de las contralorías de las Sindicaturas Municipales y de la Auditoría Superior del Estado.
Los titulares fueron designados en diciembre de 2019 y presentaron sus renuncias al carecer de presupuesto para ejercer sus funciones, oficinas y personal. Estos nombramientos se realizan en el Congreso a partir de una terna propuesta por el titular del Poder Ejecutivo.
De esta manera, el gobierno de Jaime Bonilla dejó sin operar a la Fiscalía y al Magistrado Anticorrupción, así como al Comité de Participación Ciudadana y a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
El Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción lo integrarán un consejero ciudadano y 13 representantes gubernamentales:
1. Secretaría de la Honestidad y Función Pública
2. Tribunal Superior de Justicia
3. Auditoría Superior del Estado
4. Magistrado Anticorrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa
5. Fiscalía Especializado en Delitos cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado
6. Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública
7. Sindicatura Municipal de Mexicali
8. Sindicatura Municipal de Tijuana 9. Sindicatura Municipal de Ensenada
10. Sindicatura Municipal de Playas de Rosarito
11. Sindicatura Municipal de Tecate. Con esta reforma se incluyen 12. Sindicatura Municipal de San Felipe
13. Sindicatura Municipal de San Quintín
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