By NEXT ENERGY,PLANTA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA,NO EXISTE Y YA COBRABA AL COBIERNO
Antonio Heras / Lindero Norte
Mexicali,Baja California, 09 de marzo 2022 – El gobierno de Baja California obtuvo la suspensión del pago de 123 millones de pesos, retenido en febrero del Fondo General de Participaciones Federales, para destinarlo a la empresa Next Energy por la construcción y operación de una planta de energía fotovoltaica inexistente. 
El secretario de Hacienda, Marco Moreno Mexía, explicó que se constituyó un fideicomiso de garantía de pago para la empresa de acuerdo a las cláusulas del contrato firmado por la anterior administración estatal, el cual es irrevocable.
Si la administración estatal cancela el contrato se aplicaría esta cláusula del contrato que generaría quebranto patrimonial por 12 mil millones de pesos, a pesar que la empresa no registra avances físicos ni financieros pues el lugar donde se construiría está desolado y el gobierno federal nunca dará los permisos de operación.
«Es un contrato que se firmó con la obligación de la empresa de obtener los permisos de construcción y operación, los cuales nunca tendrá porque son de competencia federal» , apuntó el secretario de Hacienda.
Explicó que la afectación patrimonial al gobierno de Baja California ya inició por esta cláusula que aprueba el compromiso de pago del 19.5 por ciento de las participaciones federales que recibirá la entidad durante 30 años. En la actualidad alcanzan los 22 mil millones de pesos.
En la entrega-recepción se ocultó la información del contrato, además que para la aprobación del Congreso local se aseguró que el contrato no generaría deuda, pero la realidad es que si se comprometen las finanzas públicas.
Moreno Mexía dijo que con una demanda por lesividad de este contrato, el Poder Judicial de la Federación otorgó una suspensión federal y se hizo la petición ante el fiduciario a reponer los 123 millones de pesos.
Además de la denuncia de lesividad, la administración estatal presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra siete exservidores públicos, incluido Jaime Bonilla, por peculado y otros delitos.
En la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del gobierno estatal existe desde noviembre de 2021 una carpeta de investigación para iniciar un procedimiento administrativo sancionatorios de exfuncionarios que aprobaron este contrato. Otra denuncia se presentó en febrero por parte de la Consejería Jurídica de la actual administración.
Durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer la existencia de alguna denuncia contra siete exfuncionarios del gobierno de Baja California.
López Obrador señaló que no puede haber denuncia, si la planta fotovoltaica no existe, aunque advirtió que los estados no pueden definir nada en materia de energía por ser competencia federal.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, especificó que el gobierno federal negó el permiso a la empresa.
Sobre esas declaraciones, el secretario estatal de Hacienda sotuvo en Playas de Rosarito que las denuncias son para detener el repago inscrito en el contrato y que afectan al erario.
Además, dijo, el gobierno tiene que hacer frente al pago de suministro de la energía eléctrica del Acueducto Río Colorado-Tijuana por 1 m 700 millones de pesos anuales.
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