By 500 millones de pesos en irregularidades,cuentas públicas 2020 y 2021,gobierno de Bonilla
*Rechaza Comisión de Fiscalización del Gasto Público las Cuentas Públicas 2020 y 2021. Hay muchas observaciones recurrentes, señala la morenista Alejandra Ang, presidente de la Comisión de Fiscalización, y la legisladora Alejandrina Corral advierte que la única manera de acabar con la corrupción es que haya sanciones.
Antonio Heras / Lindero Norte/
Mexicali,Baja California, 26 DE SEPTIEMBRE 2023/
Mexicali.- Ante las irregularidades administrativas por más de 500 millones de pesos que se detectaron en el gobierno de Jaime Bonilla durante los dos únicos años de su administración el Congreso de Baja California rechazó las Cuentas Públicas 2020 y 2021.
Por la gravedad en el manejo del erario detectadas en la fiscalización de los auditores, se procederá presentar denuncias penales en la Fiscalía General del Estado y quejas administrativas ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
La Auditoría Superior del Estado señaló entre los principales hallazgos un déficit presupuestal por 210 millones 546 mil pesos, la contratación directa, sin Licitación Pública, de bienes y servicios a 29 proveedores por 510 millones de pesos y la falta de evidencia de recepción por 13 millones de pesos de colchonetas, desayunos y equipos de cómputo durante pandemia, tiempo en el que se registró la cancelación de clases en escuelas públicas. Los secretarios de Educación en esos periodos fueron Catalino Zavala y Solís Benavides, quienes en la actualidad fungen uno como secretario General de Gobierno y el otro como titular de la misma entidad pública en la administración de Marian del Pilar Ávila.
Se incumplió con las leyes de Hacienda y de Ingresos del Estado de Baja California al omitir el pago de impuestos sobre la recaudación del Impuesto a las Remuneraciones al Trabajo Personal del Fideicomisos Empresarial del Estado de Baja California (FIDEM) por 191 millones 490 mil pesos, un adeudo al Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado de Baja California (FITUR) por la recaudación del Impuesto sobre Servicios de Hospedaje por 184 millones de pesos y el pago ilegal de 274 mil pesos por trabajos no ejecutados
La administración de Bonilla Valdez mantuvo en su contabilidad a cinco fideicomisos con un saldo contable de 6 millones 115 mil pesos, al 31 de diciembre de 2021, sin que se hayan realizado las gestiones para iniciar el proceso de extinción, tampoco se proporcionaron las conciliaciones mensuales de dos fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos con un saldo contable de 15 millones de pesos.
En el gobierno de Jaime Bonilla se otorgó el mismo día que se contrató a 136 empleados de la burocracia y a 50 empleados se les basificó en menos de un año, lo que contraviene la Ley del Servicio Civil.
Además de la falta de integración de la población objetivo y la atendida, desagregada por sexo y grupo de edad en los padrones de beneficiarios de programas sociales del Bienestar, no hay registro en pasivo de contrato plurianual de la Planta de Generación de Energía Fotovoltaica de compra-venta de energía eléctrica por 37 mil 529 millones de pesos ni tampoco el expediente administrativo sobre la situación jurídica del contrato plurianual, constancias de inversión firmadas por el gobierno estatal sobre gastos realizados por el proveedor sin evidencia física por 6 mil 493 millones de pesos.
Se detectaron 73 cuentas bancarias inactivas por un importe neto de 24 millones 281 mil pesos y 23 cuentas de instituciones bancarias con saldos contrarios a su naturaleza por 577 millones de pesos.
De la revisión de las cuentas por pagar se presentaron observaciones por un saldo antiguo en cuentas de pasivos por 423 millones de pesos, así como una Nómina de Bono variable sin retención del Impuesto sobre la Renta y sin normatividad para otorgar esa prestación por 9 millones de pesos.
Además de la falta de estados financieros del Fideicomiso Público de Inversión y Administración para la Operación del Programa Escuelas de Calidad (FIPEC) incorporado en la contabilidad de la Entidad por 191 millones de pesos.
La presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto Publico, la morenista Alejandra Ang, advirtió que las observaciones son recurrentes, algunas de ellas son faltas graves que no se atendieron y recordó que inició la Legislatura, en 2021, se encontraron situaciones que se convirtieron en denuncias penales como es el caso de la planta de generación de energía fotovoltaica que se hizo de manera irresponsable.
Le legislador de Morena comentó en entrevista que al revisar las cuentas públicas se busca ir mas allá de la denuncia e investigación sino acercarse a las entidades para saber por que no se atienden las observaciones recurrentes, ya que muchas veces son graves y ameritan una denuncia penal o sanciones administrativas.
Ang dijo que en esa Comisión en la que participan las diputadas morenistas Michel Sanchez Allende y Araceli Geraldo, la panista Amintha Briceño, y el petista Julio Cesar Vázquez, se han revisado las Cuentas Publicas 2019, 2020 y 2021 y hay antecedentes de temas recurrentes.
En tanto, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, diputada Alejandrina Corral, se pronunció porque se de seguimiento a las observaciones y vayan más allá de aprobar o no las Cuentas Públicas porque se trata solo de un castigo público, sino ver qué pasa con el Órgano Interno de Control o si la Secretaría de la Honestidad está a gusto en su escritorio ya que su obligación es saber si hay presunción de un delito o una falta grave
No he visto juicio político ni denuncia penal o administrativa de lo que se hizo la Auditoria Superior del Estado porque la situación va a seguir igual si ve que no pasa nada con los funcionarios porque debe haber algún sancionado ya que la única manera de inhibir los delitos y la corrupción es que haya sanciones.
BONILLA BASIFICó A 136 PERSONAS, EL MISMO DíA QUE FUERON CONTRATADAS,
Bonilla basificó a 136 personas el mimso día que fueron contratadas.
El gobernador Bonilla basificó a 136 personas el mismo día que fueron contratados por lo que podrían presentarse más denuncias penales y administrativas en su contra Mexicali. El asesor jurídico del gobierno del Estado, Juan José Pon Méndez informó que se podrían presentar nuevas denuncias penales y administrativas derivadas de la gestión de Jaime Bonilla Valdez quien basificó a 136 personas el mismo día de su contratación.
Explicó que derivado de la Cuenta Pública 2021, la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado detectó 76 observaciones, muchas de ellas que pudieran ser consideradas graves. Indicó que de manera unánime, la comisión decidió no aprobar la Cuenta Pública por lo que una vez que el pleno del Congreso del Estado vote –seguramente en el mismo sentido- se tendrán que enviar las observaciones a las instancias correspondientes. Señaló que durante este periodo se adjudicaron de manera directa más de 510 millones de pesos cuando se debió de realizar un proceso de licitación. Pon advirtió que se hicieron pagos en exceso de obras que no fueron ejecutadas y en la contabilidad no se registró el contrato plurianual con la planta fotovoltaica. “Seguramente se estarán presentado denuncias de tipo penal y de carácter administrativo”, expuso. El funcionario señaló que estas nuevas denuncias se agregarían a las 10 que se tienen relacionadas con la adquisición de medicamento que se presentaron en la Secretaría de Salud y Educación. Por su parte la gobernadora dijo ser muy responsable de las investigaciones que realiza la comisión de fiscalización en el Congreso del Estado. “Estaremos atentos a lo que procede”, comentó escuetamente la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. El Auditor del Estado, Luis Gilberto Gallego Cortez reconoció que de las cuentas públicas que fueron revisadas, la del Gobierno del Estado era la que presentaba mayor número de observaciones. Señaló que la cuenta trae un déficit superior a los 200 millones de pesos o “desahorro”, adjudicaciones irregulares, omisiones al pago de subsidios a los fideicomisos por más de 400 millones de pesos entre las más relevantes. Indicó que la información que se envió a la comisión se le manda a los órganos internos de control quienes son los encargados de revisar los casos particulares de las irregularidades en donde se deslindan responsabilidades.
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