El Departamento de Justicia de EU presentó 12 cargos contra un estadounidense acusado de abastecer con armas al Cártel de Sinaloa.
Por Redacción 26 julio 2026 | EL FINANCIERO/
Loyd Walter Hall, un estadounidense de 27 años residente de Amarillo, Texas, fue acusado por un gran jurado federal por presuntamente conspirar para proporcionar armas de fuego, apoyo material y asesoría al Cártel de Sinaloa, organización a la que también habría orientado para evadir la detección de las autoridades de Estados Unidos.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la acusación, presentada el pasado 25 de junio, incluye 12 cargos contra Hall y otras tres personas relacionadas con la presunta compra y tráfico ilegal de armas de fuego hacia México.
Además de Hall, los acusados son Jesús Quezada Meza, ciudadano mexicano de 30 años residente en Dumas, Texas; Omar Velásquez, de 44 años y residente de Utah; y Catlynn Ann Townsend, de 29 años y residente de Amarillo.
Habrían abastecido al Cártel de Sinaloa entre 2024 y 2026
según la investigación, entre 2024 y 2026, Hall y sus presuntos cómplices mantuvieron contacto con un integrante del Cártel de Sinaloa en el estado de Chihuahua.
Cada arma de fuego traficada desde Estados Unidos a un cártel fortalece su capacidad para aterrorizar a las comunidades, asegurar sus operaciones de narcotráfico, participar en actos de corrupción y cometer robos internacionales de combustible”, señaló.
Los cargos que enfrentan los acusados
Hall enfrenta cargos por:
- Conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera.
- Conspiración para distribuir sustancias controladas destinadas a su importación a Estados Unidos.
- Posesión de un arma de fuego vinculada con un delito de narcotráfico.
- Proporcionar declaraciones falsas a vendedores de armas con licencia.
- Conspiración para la compra y tráfico ilícito de armas de fuego.
En caso de ser declarado culpable, podría recibir cadena perpetua en una prisión federal.
Jesús Quezada Meza y Omar Velásquez fueron acusados de conspiración para la compra y el tráfico ilegal de armas de fuego, delitos que contemplan una pena máxima de 15 años de prisión.
Mientras tanto, Catlynn Ann Townsend enfrenta un cargo por presuntamente proporcionar información falsa en la documentación requerida para adquirir armas de fuego, con una pena máxima de cinco años de prisión.
El Departamento de Justicia informó que los cuatro acusados ya comparecieron por primera vez ante un tribunal federal.
Acusan que también enseñaban cómo evadir las leyes de EU
Brian Garner, agente especial a cargo de la División de Campo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en Dallas, aseguró que la acusación no solo se refiere al tráfico de armas, sino también al presunto asesoramiento brindado al Cártel de Sinaloa para evitar la aplicación de la legislación estadounidense.
“Las acusaciones describen no solo el tráfico ilegal de armas de fuego a una organización terrorista extranjera designada, sino también los esfuerzos por brindar al Cártel de Sinaloa orientación sobre cómo eludir las leyes estadounidenses sobre armas de fuego y evitar ser detectado por las fuerzas del orden”, indicó.
La investigación fue realizada por la ATF y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), con apoyo del FBI y del Departamento de Policía de Amarillo.
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