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«LAS CIFRAS MAQUILLADAS» DE INSEGURIDAD: Por Alfredo Calva

Inseguridad, lacerante realidad de Tijuana….

El alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, no quiere entender lo que sucede en la demarcación que gobierna respecto al grave problema de inseguridad que se registra, y tan no lo entiende, que festeja y da por validas las cifras maquilladas y expresiones de estólido triunfalismo de los inoperantes e ineficientes Secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo Montaño, y del fiscal general en B.C., Guillermo Ruíz Hernández, cuyos números sólo muestran y demuestran lo que de todos es sabido, menos de sus respectivos jefes, que son un fiasco en la ejecución de su trabajo.Image

Estos personajes sólo han logrado hacer el ridículo con sus presentaciones de acomodadas cifras en las que señalan la disminución de los delitos en los estados, por parte de Durazo Montaño, y en la entidad por el fiscal compadre, Ruíz Hernández. Números que aderezan con peroratas insulsas con intentonas estériles para sacar a Tijuana del ranking nacional como la ciudad más violenta del país.

Los funcionarios no pueden ocultar que Tijuana encabeza el ranking de las  ciudades con mayor índice de inseguridad, la cruel realidad, confirmada por el titular de la SEDENA, general Luís Crescencio Sandoval González,  no les permite hacer creíble que la demarcación es ya una zona en el que el trabajo coordinado de las fuerzas federales, del estado, municipio y las fuerzas castrenses, han generado una notoria disminución de los delitos.

Y para González Cruz resulta más cómodo validar las falaces estadísticas de Durazo y Ruíz, que aceptar su fracaso en el combate a la inseguridad, y asumir que sus políticas públicas en el combate al flagelo ciudadano no ha dado los resultados que le prometió a los tijuanenses.

De acuerdo a las datos y declaraciones de Juan Manuel Hernández Niebla, consejero nacional del Sistema Nacional de Seguridad y presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Publica en el Estado (CCSPE) realizadas a un semanario regional, señalan que la baja en las cifras en los meses de marzo, abril y mayo, no es porque no ocurran los delitos, sino porque hay menos personal en los Ministerios Públicos y también porque los afectados no acuden a denunciar.

“Que el robo a comercio es uno de los delitos que más debe de estar impactando por el efecto de la pandemia, en el ánimo de que los negocios están cerrados y son más fáciles de robar. Exactamente lo contrario al robo a casa habitación. En mi opinión, esta baja se debe a la falta de denuncia”.

La designación de Jorge Alberto Ayón Monsalve, como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, fue un error por parte del alcalde y el cabildo, por no contar el ex militar con la experiencia mínima requerida en las tareas de diseño y operación en la seguridad preventiva, pero si lo de Ayón fue error, la nominación de Carlos Betancourt, como director de la Policía, y de Alberto Castellanos, como director de Tránsito Municipal, fue el principio del desastre.

Ayón Monsalve, ha sido un Secretario que no ha podido imponer el orden y control en dos áreas sustantivas bajo su mando que se han convertido en iconos de corrupción, la dirección de Policía y la dirección (inexistente en el organigrama) de Tránsito. La primera a cargo actualmente de Ignacio Esparza Trujillo, quien sustituyó a Carlos Betancourt, en otra desatinada decisión de González Cruz, y la de Tránsito, bajo el mando oficial, pero no en la praxis, de José Antonio Campa Arredondo.

Como corolario hay que señalar que, Esparza Trujillo arriba a la posición que deja vacante, Carlos Betancourt al ser separado del cargo por su deficiente trabajo y exiguos  resultados, Esparza Trujillo, llega presidido de una pésima fama y mala imagen entre la mayoría de sus compañeros, por sus vínculos con intereses ajenos al bienestar y seguridad de los tijuanenses.

En las direcciones de Policía y de Tránsito, solo existe una constante que rige entre la mayoría de sus integrantes, -hay elementos que no participan en el juego, y por ello, son a los que sitúan en las áreas que son conocidas como de “castigo»-,  que es impulsada, motivada y solapada por sus titulares y mandos subalternos; la enorme proclividad a las acciones de corrupción, ya sea por motu proprio, o bien, por inducción.

Extorsiones, acuerdos con delincuentes, abusos de autoridad, venta de posiciones, son la diversidad de acciones que les permiten el recaudo sustancial de ingresos extraoficiales, actividades que anteponen al cumplimiento de sus responsabilidades en beneficio de los tijuanenses.

El grave problema de inseguridad no le ha generado más daño político y de imagen pública al alcalde, gracias a la emergencia sanitaria que estamos viviendo, el tema del COVID 19 y sus funestas consecuencias han cubierto hasta el momento, la ineficiencia de su administración para combatir, en lo que en su ámbito de competencia se le permite, la inseguridad que día con día viven, padecen y sufren sus gobernados.

Y esto no cambiará, mientras el alcalde continúe con su óptica obtusa y precaria comprensión, de que la policía municipal es la primer línea que el estado tiene, de contención del delito y la inseguridad, y la sociedad en su conjunto, deje de ver a sus integrantes con desconfianza y menosprecio.

Aún es tiempo de corregir el rumbo y tomar e implementar acciones correctivas.

¿Tendrá el alcalde capacidad y voluntad para hacerlo?

 

Y mientras tanto…

La cordillera sanitaria de Hugo López Gatel, nos mantiene en semáforo rojo en el estado.

 

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