PERIODICO EL PAIS/14 ABRIL 2026/NOTA COMPLETA EN EN EL PORTAL DE EL PAIS/VIA LA JORNADA MEXICO/
El muro fronterizo de Trump en el río Grande amenaza el agua de millones de personas: “No es cuestión de si va a fallar, sino de cuándo”
Decenas de texanos luchan contra el proyecto ‘Operation River Wall’, mientras científicos advierten sobre sus posibles daños sociales y ambientales
“Lo siento, estoy lidiando con los topógrafos del muro fronterizo y no puedo contestarte hasta más tarde. Tengo que vigilar que no traspasen mi propiedad”. Así respondía Elsa Hull un domingo temprano en la mañana a la solicitud de entrevista de EL PAÍS. Hull posee tres acres de tierra en San Ygnacio
condado de Zapata, en el sur de Texas. Ha vivido en la zona, cerca del Río Grande, o Río Bravo como se le conoce en Latinoamérica, durante más de 25 años. Allí crió a su familia y construyó un santuario de aves. Sin embargo, la administración Trump pretende construir un muro de acero “a lo largo de la ribera del río junto a mi propiedad, con la zona de vigilancia extendiéndose hasta mi patio delantero y posiblemente incluso hasta mi casa”. Decenas de personas en Texas están luchando contra esta situación provocada por el proyecto Operación Muro del Río, que también planea instalar alrededor de 500 millas de boyas flotantes en el lecho del río.
Solo en los condados de Webb y Zapata, los planes del gobierno federal incluyen más de 107 millas de muro y 152 millas de boyas, todo financiado con los 46.500 millones de dólares que el Congreso aprobó el año pasado en la reforma fiscal del presidente . Esta infraestructura, según los expertos, amenaza con convertir la única fuente de agua potable para unos 15 millones de personas en una zona de riesgo irreversible, además de afectar la propiedad y la vida cotidiana de personas como Hull.
“Aunque salven mi casa, viviré bajo un muro. Mi privacidad se vería destruida con todas las cámaras y sensores que vigilarían cada uno de mis movimientos. Jamás volvería a sentirme segura”, afirma.
Ricardo De Anda ejerce la abogacía en Laredo, condado de Webb, desde hace 50 años. Es propietario de un rancho cerca del Río Grande. Hace menos de un mes, recibió una notificación de la administración Trump. Según él, quieren parte de su terreno para construir el muro. «Estoy dispuesto a hablar con ellos para que me hagan una oferta», dice. «Y si no llegamos a un acuerdo, que me demanden. Los estoy esperando». De Anda ha visto crecer el río durante décadas y sabe lo que podría pasar si el plan sigue adelante. «Estamos hablando de una metrópolis de 800.000 habitantes con un río que la atraviesa», señala. «Cuando uno va contra la naturaleza, la naturaleza siempre gana».
Según Martín Castro, director de Ciencias de Cuenca del Centro Internacional de Estudios del Río Grande (RGISC), el río ya se encuentra bajo una presión extrema , puesto que las dos represas que regulan el caudal en la zona llevan años en niveles críticos debido a la sequía. “Si la región continúa sin recibir suficiente lluvia para reabastecer los niveles de las represas, vamos a tener situaciones como la que vimos en Monterrey en 2022”, advierte el experto, refiriéndose al año en que la ciudad mexicana tuvo que racionar el agua por barrios debido al agotamiento de sus represas. “Eso podría suceder aquí en Laredo”.
Leyes suspendidas y un riesgo real
Para dar inicio a su proyecto, la Casa Blanca necesitaba eliminar obstáculos legales. En julio pasado, el Departamento de Seguridad Nacional firmó una exención inicial para el tramo de Brownsville. Cinco meses después, firmó otra que suspendía más de 30 leyes federales a lo largo de un tramo de 160 kilómetros entre Brownsville y Rio Grande City. Entre las regulaciones suspendidas se encuentran la Ley Nacional de Política Ambiental, la Ley de Especies en Peligro de Extinción, la Ley Federal de Control de la Contaminación del Agua y la Ley de Agua Potable Segura.
Castro, de RGISC, afirma que estas leyes no fueron derogadas en ninguna otra parte del país. «Solo lo hicieron en una región específica, que es la frontera con México», dice.
Las suspensiones implican que el gobierno federal no está obligado a publicar sus planes de diseño ni a realizar los estudios que normalmente preceden a cualquier proyecto de este tipo. «Sin los datos, sin esos estudios, no sabemos cuáles serán las consecuencias», señala Castro. «Las comunidades fronterizas están actuando a ciegas».
Mark Tompkins, ingeniero civil y geomorfólogo fluvial con casi 30 años de experiencia en proyectos fluviales en Estados Unidos, realizó un análisis técnico del impacto del proyecto en los condados de Webb y Zapata, el cual compartió con el RGISC en marzo pasado. «Dado que no existe ningún registro público que documente el diseño del sistema propuesto, es muy posible que genere riesgos aún mayores de los que indica mi análisis», señala.
Según el informe, cuando el río se desborda en condiciones normales, el agua se dispersa por las llanuras que bordean su cauce. Sin embargo, el muro de contención actúa como una camisa de fuerza, impidiendo esta dispersión, concentrando el flujo y aumentando la altura y la velocidad del agua.
Además, las boyas obstruyen hasta un 8 % del ancho del canal y actúan como una trampa para los escombros que suelen arrastrar las crecidas. Estos escombros —fragmentos de árboles, basura y sedimentos— se acumulan en las cadenas de las boyas hasta que la presión los desprende. Los fragmentos arrancados son arrastrados por la corriente y quedan atrapados en los pilares de los puentes.
Laredo cuenta con cinco puentes internacionales ubicados en zonas inundables. Todos ellos figuran en el informe como infraestructura en riesgo directo. Las plantas de tratamiento de agua potable a ambos lados del río también están incluidas.
“No se trata de si va a fallar, sino de cuándo”, afirma Tompkins en su estudio. “El problema es que no sabemos dónde ocurrirá, lo que genera una enorme vulnerabilidad. En mi experiencia, esto no tiene precedentes”.
En septiembre de 2023, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos publicó un informe sobre el impacto de la primera fase de la construcción del muro fronterizo de Trump, entre 2017 y 2021. El documento señala que el sistema de barrera fronteriza ya había alterado el flujo natural del agua durante las fuertes lluvias. Asimismo, documentó una erosión tan grave que, según el informe, estaba «amenazando la integridad del sistema de barrera».
Además, en julio de 2023, el gobierno de Texas instaló aproximadamente 186 millas de boyas esféricas en el Río Grande, cerca de Eagle Pass. Según los científicos, lo ocurrido desde entonces podría ofrecer algunas pistas sobre lo que podría suceder.
Hull participó en un estudio de campo sobre estas boyas el pasado diciembre. Explica que están hechas de plástico, lo que supone un riesgo de contaminación. « Los microplásticos se liberarán al agua a medida que las boyas se deterioren por la exposición al sol y la erosión», advierte. «Estos materiales están relacionados con el cáncer y el daño orgánico en los organismos vivos, por lo que afectarán a la cadena alimentaria y a nuestra agua potable».
Según Hull, el impacto tendrá dimensiones internacionales, ya que “el Valle del Río Grande es una de las zonas agrícolas más grandes de Texas y sus productos llegan a todo Estados Unidos, Canadá y México”.
Adriana Martínez, geomorfóloga fluvial de la Universidad del Sur de Illinois, quien lleva años estudiando el impacto de las boyas, confirmó en su investigación que el caudal se está desviando hacia la orilla estadounidense del río. «Cualquier movimiento de sedimentos en el río afecta la calidad del agua aguas abajo», declaró a los medios locales. «Toda la región utiliza esa agua para beber».
“Ciudadanos de segunda clase”
Elsa Hull lleva luchando contra el muro de Trump desde 2019, cuando fue una de las demandantes originales en la demanda de Earthjustice contra el proyecto. Dos años después, la administración Biden canceló los contratos en Laredo. Ahora, Hull ha retomado la lucha. «Es muy desalentador y frustrante, y da rabia pensar que se avanza un poco y luego se vuelve a empezar desde cero».
Su propiedad, donde ha documentado más de 150 especies de aves y fauna silvestre, incluyendo tortugas y serpientes en peligro de extinción, aparece en el mapa de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, a lo largo del trazado propuesto para el muro. Sin embargo, el gobierno federal no le ha notificado nada. «Ni siquiera he recibido ninguna comunicación del gobierno sobre sus intenciones con respecto a mi propiedad», afirma.
Mientras tanto, el abogado De Anda y un grupo de personas afectadas se preparan para impugnar el proceso. Su estrategia legal apela directamente a la Constitución. «Aunque nos hayan quitado las leyes que se utilizaban en la actualidad para proteger la salud pública, no pueden quitarnos nuestros derechos constitucionales», afirma De Anda. «El gobierno no puede tomar medidas arbitrarias o caprichosas que afecten nuestras vidas y propiedades».
Para ellos, el muro no es solo una cuestión de inmigración. «Con los arrestos de la Patrulla Fronteriza en mínimos históricos a lo largo de toda la frontera sur, y con Laredo clasificada como una de las ciudades más seguras de Texas, no tiene sentido imponer un sistema de barrera multimillonario en nuestra zona», afirma Hull.
“Esto no tiene que ver con la seguridad fronteriza”, añade. Según ella, “se trata de un gobierno que se apropia de nuestras tierras y nuestro río para adjudicar contratos de construcción y enriquecer a sus donantes políticos. Se trata de un gobierno que toma el control de nuestra única fuente de agua potable. Se trata de un gobierno que trata a los residentes de la frontera como ciudadanos de segunda clase que no merecen los mismos derechos ni la misma protección que el resto del país”.
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