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Denuncian a ex funcionarios de Salud de Baja California.A Pérez Rico le detectan 17 irregularidades

Investiga FGE a farmacéuticas y personas físicas que vendieron medicamentos con sobreprecio con gobierno de Bonilla.

Antonio Heras y Jorge Heras / Lindero Norte./31 mayo 2023/

En la Fiscalía General de Baja California se confirmó que iniciaron ocho carpetas de investigación por la compra con sobreprecios de medicamentos a empresas farmacéuticas y personas físicas por 100 millones de pesos que se adquirieron por adjudicación directa bajo el argumento de la urgencia por la contingencia sanitaria.

La FGE investiga la compra por 40 millones de pesos que facturó la empresa Arsa-Lab, seguida de Reginelly por 20 millones de pesos, Integradora y Suministros Sidonia por 16 millones de pesos.

Otras farmacéuticas que vendieron con sobreprecio son Plenum de Occidente por 14 millones de pesos, Group Incorporate Ozson por 5 millones de pesos y Grupo Pharma de Baja California por 4 millones de pesos

Las personas físicas que vendieron medicamentos con sobreprecios son Jorge Luis Soto Solano por 5 millones de pesos y Nubia Jexana Blanco Gastelum por 13 millones

También está siendo investigado el ex secretario de Salud, Alonso Óscar Pérez Rico y otras personas del área de la salud en la administración 2019-2021.

 

Generan 17 procedimientos administrativos sancionatorios contra funcionarios y servidores públicos, así como promoción de revisión fiscal

Detectan 17 irregularidades en la Cuenta Pública de ISESALUD en gestión Pérez Rico

Antonio Heras y Jorge Heras/ Lindero Norte

El informe individualizado de auditoría del Instituto de Servicios de Salud de Baja California detectó una serie de irregularidades e ilegalidades en el manejo de recursos estatales y federales del ejercicio 2021, en cuanto incumplimiento de pago de impuestos, contratos de obra sin licitar, medicamento caduco de oncología, cardiología y maternidad y transferencia errónea de recursos financieros.

Entre las anomalías se encuentra la asignación directa de seis de cada 10 contratos de obras públicas durante ese ejercicio. La normativa señala que por adjudicación directa solo se puede otorgar el 35 por ciento del monto asignado para este rubro pero el gobierno de Jaime Bonilla asignó el 61.4 por ciento.

De manera simultánea, el secretario de Salud del Estado funge como director de ISESALUD, un organismo al que se asignan recursos federales. Por ello, en el gobierno de dos años correspondió a Alonso Pérez Rico estar al frente del Sector Salud de Baja California como lo está Adrián Medina Amarillas desde noviembre de 2021.

Llaman la atención dos contratos de obras en Mexicali y Tijuana que Pérez Rico asignó a constructoras de Tabasco y Estado de México, sin licitación pública y con recursos federales, por lo que invitaron a tres empresas del interior del país que además del alto monto cobran 16 por ciento de Impuesto al Valor Agregado.

En el fortalecimiento del sistema de aire acondicionado del Hospital General de Mexicali se otorgó un contrato que superó en 14 millones de pesos el techo presupuestal asignado es de 760 mil pesos. El monto asignado fue de 14 millones 825 mil pesos.

La obra de mantenimiento de sótano y planta baja del Hospital General de Tijuana se asignó a una constructora mexiquense que cobró 18 millones 608 mil pesos pero por esta modalidad de contratación solo tenía autorizado menos de 800 mil pesos. El monto se aprobó porque se ampliarían los espacios para atender la emergencia, son que se lograra a pesar que se invirtieron 2 millones de pesos.

En este caso, el gobierno argumentó que se otorgó el contrato ya que no existía en la región ninguna empresa con la maquinaria y técnica que se requería en la obra consistente en muros, plafones e instalación de losetas.

En el documento que presentó el Auditor Superior del Estado, Luis Gallego, ante la Comisión de Fiscalización de Gasto Público que preside la diputada Alejandra Ang se advierte que existen dos promociones de revisión fiscal y 17 procedimientos administrativos sancionatorios contra servidores públicos y funcionarios.

Entre los procedimientos administrativos sancionatorios se encuentra el otorgamiento que hizo el director y del subdirector General de Administración de 39 bases a personal de confianza, así como la contratación de más de mil empleados fuera de la nómina autorizada.

También la adquisición de tablets y de cámaras de videovigilancia fuera de la normatividad, así como de una camioneta Tahoe con un monto mayor al autorizado en adjudicación directa.

Las promociones fiscales tienen que ver con la falta de entrega de impuestos sobre la renta de los del 1.8 por ciento de un monto total de 3 mil 300 millones de pesos, lo que contraviene a la Ley de Hacienda y al Código Fiscal de la Federación.

Además se detectó una transferencia errónea de funcionarios del Instituto de Servicios de Salud a un proveedor por un monto de 5 millones 791 mil pesos.

El medicamento caduco se encontró en almacenes de Mexicali, Tijuana y Ensenada por 201 millones 578 mil 285 pesos del área de cardiología, oncología y materno infantil.

También se detectó la salida de un medicamento para la atención de covid 19 que se entregó a hospitales generales y a la Subdirección Médica de ISESALUD que carece de evidencia de haber sido entregado a pacientes.

Además se detectaron a empresas que vendieron medicamentos con sobreprecios de acuerdo al mercado farmacológico a nivel nacional

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