By BAJA CALIFORNIA, DE LOS SIETE ESTADOS CON MAYORES RECURSOS PARA SEGURIDAD
Por Francisco Domínguez/
MONITOR ECONOMICO DE B.C./junio 2019/
Baja California fue el cuarto estado del país en recibir más recursos para atender la seguridad pública, de acuerdo con las transferencias realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el primer cuatrimestre de 2019.
Hacienda documenta que a la entidad ingresaron 113.2 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), solo superada por el Estado de México, Ciudad de México y Jalisco durante el periodo acumulado enero-abril.
En ese sentido, EDOMEX, CDMX y Jalisco tuvieron recursos por 198.9 millones, 189.7 millones y 122.6 millones, respectivamente. A nivel nacional, el saldo total de transferencias del FASP fue por 2 mil 881.1 millones de pesos. Volviendo a Baja California, los ingresos del FASP tan solo en abril se ubicaron en 28.3 millones de pesos.
Recordemos que los recursos públicos para seguridad corresponden a las Aportaciones Federales que están etiquetadas. Por otro lado, de acuerdo con los recursos indentificados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por parte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, a Baja California se le entregarán 283.1 millones de pesos en el presente año.
Cabe mencionar que el FASP es un fondo presupuestal previsto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), a través del cual se transfieren recursos a las Entidades Federativas para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública.
En específico los recurso del programa deben destinarse en reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, peritos, policías judiciales o equivalentes; equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes; red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores; y seguimiento y evaluación de los programas de seguridad pública.
