
El juez federal notificó la resolución este 15 de junio de 2021 y en ella esgrimió tres razones para conceder la suspensión definitiva. La primera es la apariencia del buen derecho en el que encontró que los argumentos de la defensa del Club Campestre son posiblemente razonables como para conceder el amparo y por eso lo protege.
El juez también consideró que es muy probable que el procedimiento de expropiación -que el Gobierno de Jaime Bonilla Valdez inició con la Declaratoria de Utilidad Pública el 13 de abril pasado- ha desestimado las facultades constitucionales y legales del Ayuntamiento de Tijuana en materia de desarrollo urbano.
