LA DESAPARICIÓN DE CHRISTIAN TÉLLEZ.México debe acatar decisión de la ONU

El Gobierno Federal debe cumplir de manera integral la decisión de la ONU en el caso de la Desaparición Forzada de Christian Téllez

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  • La Secretaría de Relaciones Exteriores y de Gobernación han guardado silencio sobre las acciones para acatar el fallo.
  • El Gobierno Federal debe honrar sus palabras de dar prioridad a la búsqueda e investigación de las personas desaparecidas, tal y como lo ha manifestado el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ciudad de México a 12 de agosto de 2019.- El pasado 5 de agosto de 2019, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas emitió un dictamen contra el Estado mexicano, en relación a la comunicación que en noviembre de 2015 presentó IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C., en representación de los familiares de Christian Téllez Padilla. En el dictamen, el Comité requiere a México  llevar a cabo una investigación exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y efectiva sobre las circunstancias de la desaparición forzada de Christian. Además, estableció un plazo de 180 días para que el Estado mexicano informe sobre las medidas adoptadas[1].
Al respecto de la decisión, el Director de IDHEAS, Juan Carlos Gutiérrez manifestó lo siguiente: “Nosotros observamos, hace unos años, que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas era una ventana de oportunidad para abrir el camino de justicia en casos de desaparición forzada. En ese sentido, decidimos presentar tres casos, entre ellos el de Christian. La decisión del Comité es histórica, pues por primera vez un Comité de tratado de Naciones Unidas declara la responsabilidad internacional del Estado mexicano por desaparición forzada. La decisión tiene, además, una importancia especial para todas las víctimas de la desaparición forzada en el mundo por la forma en que el Comité tomó esta determinación.
El Comité consideró también que “las investigaciones realizadas no parecen haber sido rápidas ni exhaustivas, no se han adelantado con la debida diligencia, no han sido independientes e imparciales, y han sido inefectivas para esclarecer las circunstancias de la desaparición, la suerte y el paradero del Sr. Téllez Padilla, y para identificar a los responsables.”

Con base en este análisis, y en virtud del contexto de desapariciones imperante en el lugar y momento en que ocurrieron los hechos, el Comité – teniendo en cuenta además, el contexto- consideró que el caso constituye una desaparición forzada. Es importante mencionar al respecto que de acuerdo con datos de la Fiscalía de Veracruz, de 2006 a 2016 se han registrado un total de 3 mil 600 denuncias por desaparición de personas, sin embargo, es posible que la cifra sea mucho mayor, ya que muchas personas no se atreven a denunciar. Desde 2017, en la entidad se siguen procesos penales contra mandos policiales y exfuncionarios del sexenio del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, involucrados en desapariciones forzadas.

La decisión conlleva el deber del Estado de reparar integralmente a las víctimas, el Comité señaló, asimismo, que México “tiene también la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan transgresiones semejantes en el futuro.”

En este sentido, exhortamos al Gobierno Federal a cumplir de manera integral la decisión de la ONU y honrar las palabras del jefe del ejecutivo de dar prioridad a los temas de búsqueda e investigación de los casos de desaparición forzada de personas. Asimismo, hacemos un llamado a la Cancillería para que se pronuncie sobre esta decisión vinculatoria para el Estado mexicano. De igual manera, llamamos al Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación para que, a la brevedad, se conforme una mesa de trabajo interinstitucional con el propósito de dar cabal cumplimiento al dictamen del Comité.

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