CONTROVERSIA POR INICIO DE TRANSFERENCIA DE AGUA A MUNCIPIOS. Con la oposición de gobernadora electa.

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Antonio Heras / Lindero Norte

Mexicali. Baja California, 07 de agosto 2021/-En medio de una acción de inconstitucionalidad, una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la oposición de la gobernadora electa, Marina del Pilar Avila, el gobierno de Baja California inició la transferencia de los organismos estatales operadores de agua potable y drenaje a los ayuntamientos de Tijuana, Ensenada y Playas de Rosarito.

La disposición cumple con una reforma constitucional de diciembre de 1999 para que los municipios administren el servicio de agua, aunque se legisló en Baja California sin estudios técnicos y financieros ni la petición expresa de los ayuntamientos que señalan los artículos transitorios.

No obstante, el artículo tercero transitorio de ese decreto advirtió que las administraciones estatales podrían solicitar al Congreso local conservar la operación al considerar que la transferencia de Estado a Municipio podría afectar la prestación del servicio a la población.

Ese argumento lo utilizó el gobierno de Bonilla en abril de 2021, durante a tres meses de la iniciativa presentada ante el Congreso, ante la petición del ayuntamiento de Tecate de entregarle la administración del agua.

En el oficio SEPROA/0040/2021, el secretario del Agua, Salomón Faz, dio a conocer que estaba en proceso el envío de una iniciativa al Congreso para que permaneciera en el estado el suministro de agua y drenaje de Baja California.

Además señaló Faz que al ser un derecho humano «no podemos poner en riesgo» al transferirlo a un ayuntamiento en crisis administrativa y de gobernabilidad

.La reforma a la Ley que Suministra el Agua para el Estado de Baja California la aprobó la anterior legislatura a cuatro días que concluyera su gestión con 13 votos a favor de diputados vinculados al gobernador Jaime Bonilla, una abstención y 11 sufragios en contra.

La modificación legal que provocó la crítica de la gobernadora electa Marina del Pilar Ávila propicia la municipalización del suministro del agua en la entidad y abre la puerta a la privatización del servicio y cobro, toda vez que en su artículo 124 establece que los ayuntamientos pueden «asociarse» para prestar un servicio «más eficaz».

Esa reforma se caerá porque violenta al artículo 115 constitucional ya que se careció de estudios técnicos y financieros, además que no fueron consultados los ayuntamientos, dijo la morenista.

No me opongo a la municipalización del agua pero no eran los tiempos ni tampoco me consultó (Bonilla) y tampoco iniciaba la transición (gubernamental), advirtió la gobernadora electa.

Bonilla arremetió en su programa de ínternet al señalar que no tiene que consultar a nadie y su único patrón es el pueblo porque él lo puso.

Se preguntó quién le «está hablando al oído» a la gobernadora, lo cual se entendió que se refería a su esposo Carlos Torres, ex diputado panista que promovió la Ley Bonilla que pretendía ampliar la gestión del empresario en la administración estatal.

El último día de su gestión, el 31 de julio, los 11 diputados que votaron en contra de los cambios en la ley presentaron una acción de inconstitucionalidad a te la SCJN.

Este miércoles, los síndicos procuradores de Mexicali, Playas de Rosarito y Tecate acudieron a la SCJN para presentar una controversia constitucional para dar reversa a la ley bonillista.

Además, regidores de Ensenada y Tijuana solicitaron por escrito a las sindicas de Tijuana y Ensenada que presentaran un recurso legal para suspender las intenciones de Bonilla Valdez.

Sin embargo, los cabildos de Tijuana y Playas de Rosarito votaron a favor de la municipalización del servicio de agua y la transferencia de la Comisión Estatal de Servicios Públicos.

El caso de Ensenada se remitió a una sesión en la que se rechazó la municipalización del agua por ocho votos a favor y cinco en contra. Pero a los 10 minutos de concluida, el alcalde Armando Ayala volvió a convocar a una segunda sesión extraordinaria a la que no convocó a los regidores que votaron en contra y aprobó la transferencia del organismo operador del agua.