Redacción e imagen por ZETA
06 marzo 2026- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sancionó a Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización civil Defensorxs A.C., por haber alertado públicamente que Silvia Rocío Delgado García, exabogada de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, era una candidata a jueza con posibles vínculos con el crimen organizado. Las sanciones impuestas al activista incluyeron su inscripción en el padrón de violentadores, la orden de emitir disculpas públicas y la eliminación de sus publicaciones al respecto.
Meza respondió con una declaración pública en la que rechazó cumplir con las sanciones. “No voy a pedir disculpas, sin importar qué sanciones me quieran aplicar para obligarme”, señaló el presidente de Defensorxs A.C., quien también anunció que no borraría sus publicaciones y que redoblaría su trabajo para exponer lo que denominó “narcopolítica”.
La controversia se originó en el proceso de elección judicial del 1 de junio de 2025, en el que Delgado García participó como candidata a jueza penal en el Distrito Judicial Bravos, con cabecera en Ciudad Juárez, Chihuahua, propuesta por el Comité del Poder Ejecutivo estatal. Con el 100 por ciento de las actas computadas, obtuvo 23 mil 605 sufragios, lo que la ubicó en segundo lugar entre las candidatas del distrito, garantizando su elección al cargo. El 19 de junio de 2025, el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihuahua le entregó la constancia que la acreditó como jueza penal electa. Delgado García tomó posesión del cargo el 1 de septiembre de 2025, en una ceremonia celebrada en el Centro de Convenciones de Chihuahua.
Defensorxs documentó que la hoy jueza se integró al equipo de defensa de Guzmán Loera en agosto de 2016, cuando el capo se encontraba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 9 de Ciudad Juárez, previo a su extradición a Estados Unidos, ocurrida el 20 de enero de 2017. La ONG señaló que su función consistió en servir como enlace directo con “El Chapo”, revisar amparos interpuestos y mantenerlo informado de su situación jurídica, bajo la coordinación de los abogados José Refugio Rodríguez Núñez y Andrés Granados Flores. Asimismo, Defensorxs destacó que Delgado García participó en el documental de la cadena alemana DW titulado “Los narcoabogados detrás de los cárteles”, y que acompañó a la familia Guzmán Loera al juicio del capo sinaloense en Estados Unidos, no como abogada sino en calidad personal.
Durante la campaña electoral, Meza alertó que la candidatura de Delgado García representaba un riesgo para la impartición de justicia, dado que ninguna autoridad evaluó a profundidad los vínculos entre la aspirante y el líder del Cártel de Sinaloa. “Ninguna autoridad sabe cuál es su grado de cercanía con él, porque nunca lo revisaron. La elección judicial no implementó filtros mínimos para conocer los antecedentes de los candidatos”, afirmó entonces. Defensorxs también señaló que la aspirante habría declarado públicamente que Guzmán Loera era inocente y que el proceso en su contra respondía a intereses de Estados Unidos.
Tras obtener la constancia electoral, Delgado García presentó denuncias por presunta violencia política de género en contra de Meza y de los representantes de 14 medios de comunicación —entre ellos Proceso, Milenio e Infobae— que difundieron la investigación de Defensorxs. El IEE de Chihuahua, por su parte, inició una investigación de más de 800 páginas en contra del activista y solicitó a Meta, al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la compañía telefónica de Meza la entrega de sus datos personales. El SAT y la empresa de telefonía rechazaron proporcionar la información por considerarla confidencial; sin embargo, Meta entregó el número de celular y el correo personal del activista, que el IEE de Chihuahua trasladó a varios particulares, incluida la propia jueza electa.
La exabogada de “El Chapo” rechazó en todo momento que su pasado profesional comprometiera su ejercicio como juzgadora. “Estoy convencida de que para ser juez no sólo se necesita preparación, se requiere carácter y temple para tomar las decisiones de manera imparcial, pero sobre todo: darle el valor que se merecen las personas”, afirmó durante su campaña. Al asumir el cargo, reiteró su postura: “Soy Silvia Delgado y soy una mujer que lucha por los derechos humanos de las personas y de esa misma manera voy a juzgar”, declaró en la ceremonia de toma de protesta del 1 de septiembre de 2025.
El caso colocó bajo escrutinio las deficiencias de los mecanismos de selección establecidos en la elección judicial de 2025, la primera en la historia de México en que ciudadanos votaron directamente por jueces. Defensorxs alertó que el proceso careció de filtros efectivos para evaluar los antecedentes de los candidatos, señalando que en el mejor de los casos las entrevistas de idoneidad consistieron en sesiones de diez minutos vía videoconferencia con dos preguntas genéricas. El TEPJF, al sancionar al activista que denunció esos vacíos en el proceso, reavivó el debate respecto a los límites entre la libertad de expresión y la protección de las candidaturas judiciales ante señalamientos de presuntos nexos con el crimen organizado.
