By EX FUNCIONARIO CORRUPTO DE BONILLA, QUIERE REGRESAR AL GOBIERNO.
Sin orden de aprehensión en su contra ni sanciones administrarivas por actos de corrupción
Antonio Heras y Jorge Heras / Lindero Norte
Mexicali,Baja California, 04 enero 2020- Ante la inacción de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública en la queja sobre corrupción de funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla, Jesús Demian Nuñez Camacho, uno de los implicados en «los moches», buscar regresar a la administración pública.
Mediante un oficio, el exoficial Mayor Jesús Damián Núñez planteó al gobernador Bonilla Valdez la posibilidad de regresar a su gobierno ya que advirtió que son inexistentes las investigaciones que tenga como consecuencia alguna orden de aprehensión en su contra o sanciones administrativas.
Núñez presentó una solicitud de amparo indirecto 1280/2019 al Juzgado Cuarto de Distrito del Poder Judicial de la Federación al reclamar la protección de su libertad e imagen.
El acto por el que Nuñez Camacho demanda protección de la justicia federal es: «en forma conjunta de todas y cada una de las auroridades responsables, reclamo cualquier acto futuro e inmediato tendiente a seguir afectando mi imagen pública asi como a privar o restringir mi libertad personal, así como aquellos actos que sean consecuencia mediata o inmediata a la orden de aprehensión dictada en mi contra, además de alguna sanción administrativa».
Al ser requerido un informe sobre el particular por la autoridad judicial, el director Jurídico de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la dependencia estatal, Raul Harari Soto, aseguró que no son ciertos los actos reclamados por Núñez. En tanto, el Fiscal Central de la Fiscalía General del Estado, Hiram Sánchez, pidio al juez federal no le otorgue la suspensión ya que son inexistentes los actos reclamados.
La respuesta sirvió al exoficial Mayor, acusado de recibir aportaciones económicas para otorgar contratos gubernamentales entre septiembre y noviembre de 2019, para pedir su reincorporación al gobierno de Bonilla.
La otra implicada, Cynthia García, exsecretaria del Bienestar Social, acudirá a la Fiscalía General del Estado durante la mañana del 7 de enero como respuesta a un citatorio oficial.
Ambos exservidores públicos solicitaron una licencia a sus cargos en la administración estatal para aclarar su participación en actos de cohecho.
Un grupo de empresarios aportaron 20 millones de pesos para operar el «Voluntariado de Bonilla» y otro para diferentes acciones del primer gobierno de Morena en la entidad. A cambio recibirían contratos de servicios gubernamentales. Ante el incumplimiento exigieron el retorno del dinero, por lo que se recuperaron 16 millones de pesos, de acuerdo a la versión de Rosendo Colorado, quien instrumentó este mecanismo entre empresarios e integrantes del gabinete de Bonilla.
El fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz, ha sostenido que existe una investigación en curso, mientras que la secretaria de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinoza, dio a conocer que en la investigación administrativa que se sigue por actos de corrupción podrian ser separados de sus cargos otros servidores públicos del gabinete de Bonilla.
La dirigencia estatal del PAN presentó una denuncia en la FEG por el delito de cohecho.
