Opinión

DENUNCIAN EN FISCALIA A «CASAS MÓVILES DE SAN DIEGO» POR FRAUDE Y ROBO

Antonio Heras / Lindero Norte/

Mexicali,Baja California,29 diciembre 2020/.- Una compañía de transporte de casas móviles de San Diego, que California, que opera en ambos lados de la frontera, se apropió de manera ilegal de 69 módulos destinados para apoyar la lucha contra la covid en Baja California para ahora comercializarlos.

La Fundación Keshe contrató a la empresa Casas Móviles de San Diego (CMSA) para trasladar de San Diego a Tijuana los módulos médicos pero ésta se quedó con ellos, con la participación de empresas asociadas en California.

Estos módulos que originalmente eran salones de clases en California pueden adaptarse para laboratorios de ciencia.

Un representante legal de esta fundación dio a conocer que la afectación asciende a un millón de dólares por lo que se presentó una denuncia ante Fiscalía General de Baja California por los delitos de fraude, robo y asociación delictiva contra la empresa y sus propietarios Roberto Navarro, John Pérez, Sandra Vargas y Oscar Vargas, entre otros.

El contrato del servicio para trasladarlas desde California y colocarlas en la planta Keshe en Tijuana se realizó en las oficinas de CMSD en Playas de Rosarito por ofertarse como una empresa binacional de transporte, en sociedad con la compañia RN TRANSPORT.

Keshe importó los módulos y contrató los servicios de transporte de RN TRANSPORT y su asociada Rosarito CMSD, pero solo cruzaron cuatro módulos que depositaron en una propiedad a un kilómetro del punto de entrega y se negaron a continuar por “carecer de tiempo”.

Los primeros módulos se confinaron en los terrenos de una señora identificada como Sandra Vargas, familiar del transportista Roberto Navarro, en el fraccionamiento Santa Fe de Mesa de Otay, al oriente de Tijuana.

La defensa legal consideró que esta conducta representa un fraude internacional por lo que se dio aviso a la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) toda vez que afecta a sociedades inscritos en los alcances del T-MEC y se invocó la acción judicial en apego a la Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas (RICO Act) que data de 1970.

Con instalaciones en Tijuana y fundada por el ingeniero nuclear Mehran Keshe desarrolla conocimientos científicos, tecnologías y soluciones para los principales problemas de alimentación, agua, energía, cambio climático y enfermedades a través del uso de reactores de plasma.

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