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FALLIDO COMBATE AL «LAVADO» DE DINERO EN MÉXICO.No fue debilitada la estructura financiera

PERIODICO EL PAÍS DE ESPAÑA/JULIO 2019/

Los militares y policías peinaron durante nueve horas las brechas de un poblado cercano a Culiacán, la capital de Sinaloa, al noroeste de México. Su objetivo aquel 20 de junio de 2000 era capturar a Ismael Zambada García, alias El Mayo, uno de los fundadores del poderoso Cartel de Sinaloa y que nunca ha pisado la cárcel. Las autoridades catearon ranchos y casas sin encontrar al capo, pero emitieron órdenes de aseguramiento despojando al narcotraficante y a su familia de coches y varias propiedades, entre ellas una productora de leche local. El dinero producto de los ilícitos

Los inmuebles fueron reclamados por la exesposa e hijos de El Mayo y las autoridades se las regresaron. Ese ha sido el único intento del Gobierno mexicano por despojar al poderoso narcotraficante de su incuantificable riqueza. En los registros oficiales de la Fiscalía General de la República (antes PGR) no hay casas, empresas, dinero en efectivo o cuentas bancarias aseguradas a nombre del capo. Al menos, hasta finales del año pasado, el Gobierno mexicano no había logrado quitarle ni una pistola.

En respuesta a una solicitud de información, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), una instancia de la FGR, informó sobre sus esfuerzos para debilitar las estructuras financieras que mueven el blanqueo de dinero. Entre 2007 y 2017 había asegurado alrededor de 582 millones de dólares relacionados a una investigación por lavado de dinero. La cifra es muy baja si se toma en cuenta que las autoridades de Estados Unidos buscan incautarle tan sólo a Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue declarado culpable de múltiples cargos de narcotráfico, al menos 12.600 millones de dólares, cantidad que se calcula es la ganancia que obtuvo de sus actividades ilícitas.

La Fiscalía mexicana ha asegurado también 564 inmuebles, 4 aeronaves y 70 embarcaciones por lavado de dinero entre 2007 y 2017. Una cifra muy menor si se dimensiona el músculo de los carteles y el dinero que se blanquea en México: el cálculo más conservador del Ministerio de Hacienda apuntaba en 2010 que la cifra ascendía a 10.000 millones de dólares al año, mientras que en 1994, la Fiscalía estimaba que obtenía ingresos brutos de 30.000 millones de dólares anuales.

La Fiscalía se ha negado a informar la cantidad de inmuebles, dinero, joyas, objetos, coches y dinero asegurado a cada uno de los carteles del narcotráfico en el país argumentando que no cuenta con los datos a ese nivel de detalle, pero ha brindado información sobre algunos líderes de grupos criminales. En un documento consultado en la plataforma nacional de transparencia, una página de internet oficial donde se puede consultar la respuesta del gobierno a las peticiones de información ciudadanas, se puede leer que a Servando Gómez, La Tuta, líder de la Familia Michoacana –un cártel que invocaba la justicia divina y sometía a sus miembros a una especie de adoctrinamiento donde los incitaba a matar y delinquir para “proteger” a sus familias–, se le aseguraron entre 2001 y 2017 cinco coches y 800 objetos, entre armas, cartuchos, cargadores, explosivos y municiones.

Las empresas del narco

Desde 2002, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos comenzó a exhibir a empresas mexicanas que servían a los carteles de la droga mexicanos para blanquear sus activos. Desde enero de ese año a finales de 2018 habían documentado cerca de 300 empresas, pero en México sólo diez fueron aseguradas por la Fiscalía al estar inmersas en una investigación y transferidas al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), un organismo descentralizado que se encarga de resguardar los artículos, inmuebles, y dinero que las autoridades aseguran en una indagatoria mientras se define su destino o hasta que un juez decreta su decomiso mediante una sentencia firme.Noticiero

Además, de las diez empresas que en México fueron aseguradas, cuatro de ellas fueron devueltas a sus propietarios, en la mayoría de los casos las compañías nunca fueron clausuradas y hasta han prestado servicios al Gobierno federal, administraciones estatales o a los ayuntamientos.

Las primeras compañías mexicanas que exhibió EE UU en su lista negra fueron las del cartel de los Arellano Félix en enero de 2002. En el listado había diez compañías de diversos giros, como tiendas de seguridad electrónica, inmobiliarias y farmacias ubicadas en la fronteriza ciudad de Tijuana, en el Estado de Baja California, la principal zona de operación de la organización delictiva.

La mayor cantidad de empresas mexicanas exhibidas por la OFAC –alrededor de cien– tienen un vínculo con el cartel de Sinaloa. Las primeras compañías de esa organización en aparecer en el listado fueron señaladas como lavadoras de Ismael El Mayo Zambada. El Departamento de EE UU exhibió en 2007 cinco compañías, entre las que había una comercializadora de leche, una gasolina y una constructora.

Hasta finales de 2018, el SAE tenía 28 empresas bajo resguardo que le había transferido la Fiscalía por estar inmersas en una indagatoria de blanqueo o delincuencia organizada, según la información conseguida mediante la ley de transparencia. El 75% de ellas se habían asegurado como parte de una investigación relacionada al Cartel de Juárez, de Colima, de Tijuana, del Golfo y de Sinaloa.

Uno de los casos más importantes donde ha intervenido el SAE está ligado a Rigoberto Gaxiola Medina, que en la década de los noventas fue señalado como lavador de Amado Carrillo Fuentes (cartel de Juárez), y que años después, en agosto del 2008 fue incluido por el Departamento del Tesoro en su lista negra por ser parte de la red de lavado de dinero del cartel de Sinaloa, pese a que desde el 2003 Gaxiola estaba en prisión.

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