By MUERE REO EN MEXICALI POR FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA
Antonio Heras y Jorge Heras/Lindero Norte
Mexicali,BAJA CALIFORNIA, 15 octubre 2020/
A consecuencia de la inacción y desatención médica, una persona privada de su libertad en la cárcel de Mexicali murió con un cuadro de sepsis, neumonía y hepatitis C, de acuerdo a un reporte clínico.
Una fuente médica consultada advirtió que la inacción de las autoridades del Sistema Penitenciario provocó una infección generalizada en el cuerpo de Christian Hernández Medina.
El interno reportó molestias y reacciones por hepatitis C y neumonía a finales de septiembre pero las autoridades se limitaron a cambiarlo de celda (m5 A309) hasta que falleció este miércoles a las 13 horas, confirmó su padre.
Hay otro caso similar de otro interno que requiere diálisis y que, de acuerdo a sus familiares, está muy hinchado pues tiene hepatitis y lo atenderán en el hospital hasta que sea de gravedad. «Estoy muy preocupada, la verdad mañana tiene cita en el hospital, iré a ver qué pasa, si se necesita pagar yo pago pero que lo atiendan», dice una madre.
Un tercer caso es el de Iván, quién también necesita diálisis ya que «está muy enfermo y lo llevan al hospital y lo regresan pero no le hacen nada, como si fueran personas que no merecen atención. Quién puede ayudarnos? aparte nadie nos informa nada», señala una de sus familiares.
En los penales de Baja California, las autoridades del Sistema Penitenciario, una entidad que depende directamente del gobernador Jaime Bonilla y que coordina el exdirigente estatal del PAN Salvador Morales Riubi, han sido obligadas a dar atención médica a internos por resoluciones del Poder Judicial de la Federación, toda vez que un despacho de abogados se han centrado en apoyarlos a través del trámite amparos federales.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California emitieron una recomendación por la desatención médica de una mujer que murió en el penal de Tijuana sin que recibiera atención médica.
En la actualidad, la CEDHBC estudia varios casos de la violación al derecho a la salud de personas privadas de su libertad en los Centros de Reinserción Social que se convertirán en nuevas recomendaciones, según fuentes cercanas a este organismo autónomo.
