By Hasta siete años de prisión a quien altere o robe catalizadores automotrices, aumentan emisión de contaminantes
Se establecen penas de 1 a 7 años de prisión para quienes roben catalizadores o manejen sus desechos sin permiso ambiental.
También se sanciona con 1 a 3 años a quien recolecte, transporte o almacene residuos de catalizadores sin permiso ambiental.
BAJA CALIFORNIA,06 DICIEMBRE 2025/- Penas de 1 a 7 años de prisión para quien dolosamente y sin derecho retire, destruya o altere los catalizadores automotrices, dispositivos esenciales para el control de emisiones contaminantes.
El Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la iniciativa presentada por el diputado Juan Manuel Molina García, que sanciona con 1 a 3 años para quien, sin permiso de la autoridad ambiental competente, maneje catalizadores usados como residuos sujetos a condiciones particulares de manejo.
El robo y la alteración de catalizadores se ha convertido en una problemática creciente que afecta tanto a los propietarios de vehículos como al medio ambiente.
«El retiro de catalizadores tiene repercusiones en la calidad del aire, pues los automóviles sin estos dispositivos emiten niveles de gases contaminantes superiores a los permitidos por la ley, y su eliminación incluso contribuye a la contaminación auditiva, lo que agrava aún más el problema ambiental».
Los catalizadores de los vehículos automotores están compuestos por metales preciosos como platino, paladio y rodio, cuyo valor en el mercado ha aumentado de manera significativa.
Esta situación ha generado un incremento en la venta de catalizadores usados para la extracción de dichos metales, así como un alza en el robo de esta pieza de control ambiental.
La reforma al artículo 340 y la adición del artículo 341 BIS del Código Penal del Estado se incorpora al capítulo de delitos contra el medio ambiente, al sancionar conductas que afectan directamente los sistemas de control de emisiones que, por regulación, deben estar instalados en fuentes emisoras fijas o móviles.
LA reforma fortalece el marco jurídico para disuadir la comercialización ilícita de catalizadores y garantizar la seguridad de la población, al castigar tanto la sustracción de esta pieza como las conductas que alteran o eliminan los sistemas de control de emisiones.
