PROMUEVEN JUICIO CONTRA GUBERNATURA DE DOS AÑOS EN BAJA CALIFORNIA

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TOMADO DE AFN
 promovió abogado Carvajal Franchini ante el IEEBC

TIJUANA BC 15 DE ENERO 2019 (AFN). – Un Juicio de Derechos Político Electorales, fue promovido ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California, para dejar sin efecto la convocatoria para candidato a gobernador por dos años, y se espera que en las próximas horas sea notificado al Tribunal de Justicia Electoral del Estado.

El nuevo recurso legal para revertir la decisión de limitar a dos años el periodo para la gubernatura, fue presentado por el abogado Sergio Carbajal Franchini, en calidad de agraviado por diversas violaciones de orden constitucional.

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El abogado promovente acusa de irregularidades diversas al Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California, a la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del Instituto Estatal Electoral del Estado, al Secretario Técnico del Instituto, así como al Presidente y Secretario del Consejo General.

La lista incluye al Congreso del Estado, los Ayuntamientos y el Secretario General de Gobierno. De este último señala que carece de facultad para emitir decretos en ausencia del Jefe del Ejecutivo Estatal.

Carbajal Franchini argumenta que la aplicación del artículo octavo transitorio del decreto 112, mediante el cual se contempla que la elección a la gubernatura del Estado establezca un plazo de dos años para ejercer el cargo, viola sus derechos político electorales, al quedar acreditado que dicho texto fue aprobado sin llevar a cabo el proceso legislativo en los términos de ley, violando los principios constitucionales de legalidad, certeza y seguridad jurídica.

Adicionalmente afirma que la reducción a dos años no brinda la posibilidad material de exponer un Plan de Desarrollo Estatal acorde a las necesidades de nuestra entidad, “pues es un hecho público y notorio, que tiene problemas de migración, de seguridad pública, de salud, y, ante todo económicos, al recibir prácticamente un Estado en quiebra por las malas políticas públicas del actual gobernador, pues es por demás del dominio público, las constantes manifestaciones por los actos realizados por el Lic. Francisco Arturo Vega de la Madrid, al parecer, en total colusión con el Poder Legislativo”.

La aprobación de la Ley Estatal del Agua que finalmente fue abrogada por las presiones sociales, los contratos al amparo de la Ley de las Asociaciones Público Privadas, con las cuales endeudó al Estado por más de 20 años, entre otras problemáticas, requieren soluciones para las que dos años resultan insuficientes, argumentó el demandante.

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