DAVID CAMACHO,DIRECTOR JURÍDICO DE POLICÍA MUNICIPAL, ORDENÓ AGREDIR A REPORTEROS

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ISAÍ LARA BERMUDEZ/REDACCION SEMANARIO ZETA/

TIJUANA,BAJA CALIFORNIA, 06 ABRIL 2018. David Camacho Frausto, director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Tijuana, fue identificado como quien ordenó a policías agredir y arrestar a ciudadanos y a periodistas durante el desalojo que ayer pretendió llevar a cabo el Ayuntamiento de Tijuana en la colonia Corona Del Mar.

 

Camacho Frausto arribó al predio en litigio acompañado de Hermes Ramón Morales Valenzuela, quien, según documentos oficiales consultados por ZETA, es auxiliar administrativo del gobierno municipal.

Ambos portaban chalecos antibalas con la leyenda de Policía e insignias de la SSPM y se comunicaban en claves policiacas, así como amenazaban a colonos con arrestarlos o subirlos a patrullas.

El actual director jurídico de la Secretaría es miembro activo del Partido Acción Nacional (PAN) desde el 30 de mayo de 2006 y fue dirigente juvenil de Acción Nacional en Baja California. También fue candidato a diputado plurinominal en 2007.

Sus propios compañeros de trabajo lo señalan como una persona sin los conocimientos necesarios para dirigir un área como la Dirección Jurídica

Hermes Ramón Morales Valenzuela, auxiliar administrativo, con chaleco e insignias policíacas

 

Los hechos que resultaron en la detención del reportero gráfico José Luis Camarillo, así la agresión física a los periodistas Yolanda Caballero de PSN y Antonio Mata de La Jornada ocurrieron mientras medios de comunicación cubrían una diligencia realizada por funcionarios municipales que intentaron restituir un predio a un particular por medio de un amparo emitido por un Juzgado de Distrito.

Sin embargo, ni el delegado especial de la Promotora Municipal, Guillermo López Valadez, quien encabezó la diligencia ni el consejero jurídico del Ayuntamiento, Leonardo Martínez pudieron explicar a reporteros el por qué de la presencia de más de 100 elementos de la Policía ni por qué como gobierno municipal buscaban dar posesión a un particular.

Por este motivo, residentes del área y abogados que defendían a la empresa en posesión del terreno acusaron a Leonardo Martínez de corrupción en su actuar.

 

 

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