By CAOS DEL GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA EN PENSIONES Y JUBILACIONES 2017: ASF
Antonio Heras y Jorge Heras/LINDERO NORTE/
Mexicali,02 MAYO 2019/– El sistema de pensiones y jubilaciones de la administración pública de Baja California registra un caos por las deficiencias de planeación y operación administrativa, advirtió desde 2017 la Auditoría Superior de la Federación.
Un dato aparte es que, de acuerdo a un informe de la entidad de seguridad social de los empleados estatales (ISSSTECALI), la Reserva Técnica del magisterio estatal está sin fondos financieros desde 2015 ya que fue usada para préstamos al gobierno y a profesores, sobre todo entre 2003 y 2007, por lo que de tener 114 millones de pesos, actualmente solo cuenta con 2 millones de pesos en la cuenta bancaria.
En la tercera entrega del Informe de Resultados de Auditorías a la Cuenta Pública 2017, advirtió que el gobierno de Francisco Vega no reportó en sus estados financieros, hasta el cierre de la fiscalización, las estimaciones de las «obligaciones presentes y futuras».
Tampoco creó reservas para pensiones futuras y contravino la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios, creada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, al omitir un estudio actuarial sobre las pensiones y jubilaciones del magisterio y del personal de la burocracia.
Este ejercicio presupuestal corresponde a 2017, cuyos cuatro primeros meses estuvo al frente de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Antonio Valladolid y a partir de mayo ocupó la titularidad Bladimiro Hernández.
Hace dos años, el máximo órgano de fiscalización del país, advirtió que el gobierno estatal carecía de elementos para realizar una planeación financiera que le permitiera crear estas «reservas en el corto, mediano y largo plazo, lo que impactará de forma negativa la sostenibilidad de las finanzas públicas presentes y futuras».
Pese al convenio del gobierno del estado y la sección 37 del SNTE para jubilar a 2 mil maestros de una lista de 3 mil 200 profesores y administrativos «liberados», firmado en junio de 2017, la situación anómala prevaleció hasta el cierre del ejercicio presupuestal y la conclusión de la auditoria, un año después.
La firma del convenio permitió el regreso a las escuelas de los trabajadores de la educación que se mantuvieron en paros y manifestaciones. Sin embargo, hizo crisis en el magisterio por el incumplimiento de pago a pensionados y jubilados en octubre de 2018 que se prolongó hasta diciembre, ya que el ISSSTECALI careció de recursos para el pago de esas nóminas, lo que dejó pendientes 300 maestros liberados.
El convenio estado-sindicato, que data desde el 2017, debe concluir este año con la jubilación de 900 docentes del rezago de trabajadores de la educación liberados, antes que termine su gestión el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, aunque volvió a crecer el número de maestros y personal administrativo que ya cumplieron con sus años de cotización para su seguridad social.
La administración de Kiko Vega se estima cerrará con una deuda pública directa de 39 mil millones de pesos, al ser aprobado en el Congreso local su refinanciamiento de 12 mil millones de pesos y la solicitud de un nuevo crédito de 2.6 millones de pesos, los cuales se operarán con un fideicomiso.
De manera paralela comprometió impuestos como garantía de pago para realizar varias obras, bajo la modalidad de asociaciones público-privadas, entre ellas la desaladora de agua de mar de Playas de Rosarito y el segundo piso de una vialidad en la ciudad de Tijuana.
En Baja California, la única entidad pública -en este caso, autónoma- que cuenta con un sistema de pensiones y jubilaciones ordenado y con números negros es la Universidad Autónoma de Baja California, toda vez que tiene garantizada las pensiones de sus trabajadores por casi 100 años.
