Política

OPACIDAD INFORMATIVA EN GOBIERNO DE BONILLA: SENADORAS ALEJANDRA LEÓN Y GINA CRUZ

MEXICALI,BAJA CALIFORNIA, 29 julio 2020/MONITOR ECONÓMICO DE B.C./

Las senadoras Gina Cruz Blackledge y Alejandra León Gastélum, denunciaron la falta de garantías para el libre ejercicio periodístico en Baja California, en la que el propio gobernador, Jaime Bonilla, agrede y estigmatiza a la prensa, a la vez que propicia la opacidad de la información pública.

Por lo anterior, las legisladoras presentaron un punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorte al gobernador del Estado de Baja California, para garantizar en todo momento el libre ejercicio de la profesión periodística.

Además, proporcione a los medios de difusión toda la información gubernamental que por Ley debe entregar y transparentar, con base en el principio Constitucional de máxima publicidad y en las leyes aplicables.

Este punto de acuerdo fue publicado este día en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República, para su posterior derivación a una comisión legislativa. En rueda de prensa virtual, Gina Cruz del PAN, comentó que presentaron este punto de acuerdo a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, porque es muy importante y necesario que se respeten los derechos de todos los ciudadanos.

«En estos momentos en que estamos viviendo una crisis de salud, una crisis económica y de seguridad, es lamentable que haya opacidad, es lamentable que no haya la información oportuna que se requiere para informar a los bajacalifornianos.

«Creemos que con estas prácticas de denostar el trabajo periodístico de atacar directamente a algunas y algunos compañeros de los medios de comunicación, es inaceptable».

Gina Cruz expuso que si así lo deciden, ambas senadoras están dispuestas a acompañar a los periodistas en una presentación de una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que esto no se quede únicamente en un manifiesto.

«Si nosotros, en este momento, dejamos que el gobernador Jaime Bonilla de alguna manera inclusive invite a los ciudadanos a no leer o no escuchar o no atender un medio de comunicación del cual él no es el propietario, estaríamos regresando a los años 70, a un autoritarismo que no deseamos los bajacalifornianos».

La senadora Alejandra León del Partido del Trabajo, comentó que ante las reiteradas agresiones que hace el gobernador a los derechos de los periodistas, se decidieron en atender esta situación sin importar ideologías políticas ni partidistas, ya que antes que nada, se deben a los bajacalifornianos.

«Queremos que haya respeto a toda la libre expresión, a toda la prensa, a todo el trabajo periodístico, a los medios de comunicación, no hay ningún medio pequeño, todos son realmente importantes».

León Gastélum expresó que es por medio de este exhorto que como senadoras, han expresado su respaldo y apoyo, para que no se sigan haciendo estas expresiones y agresiones que ha estado promoviendo el propio gobernador.

«Queremos que el Senado de la República se manifieste en contra de estas violaciones a sus derechos en contra de esta violencia que ejerce por parte de un gobernador, básicamente al aprobarse este tipo de exhortos, queda un antecedente, para cuando quieran accionar legalmente».

El gobernador de Baja California, ha obstaculizado de manera sistemática el ejercicio de la profesión periodística, poniendo límites a la libertad de expresión y ocultando información vital para la toma de decisiones y para dar certeza a los bajacalifornianos en medio de la pandemia.

El pasado 16 de julio, un importante grupo de periodistas señaló que el gobernador de Baja California, desde el inicio de su gestión y sobre todo a raíz de la crisis sanitaria generada por el COVID-19, ha cancelado las respuestas a solicitudes de transparencia, a lo que por Ley está obligado. Efectivamente, el artículo 70, fracción XXX de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública prevé que las entidades federativas pondrán a disposición del público y mantendrán actualizadas «Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible».

Adicionalmente, los periodistas señalan que Bonilla ha utilizado su cargo para «agredir y estigmatizar a algunos medios de comunicación, como los que se dieron contra el semanario ZETA.

Estas prácticas no sólo son contrarias a nuestro orden constitucional, también violan derechos, amenazan periodistas y hacen nugatorio el ejercicio del derecho a la información, por lo que son sólo un ejemplo más de violaciones abiertas a nuestro orden jurídico en las que incurre el gobierno estatal.

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