CONFLICTO ENTRE CONGALEROS.Por.- Alfredo Calva

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Expediente Político/PLAYAS DE ROSARITO/MAYO 2018/

En cada ocasión en que entes con bastante poder económico y político se enfrentan en los tribunales, emerge a través de alguna de las partes la podredumbre y corrupción en la que nadan los miembros del poder judicial, tanto en la federación o las entidades federativas, derivado de la oposición de dar carácter independiente, administrativa y jurídicamente, por parte de la SCJN y los TSJE, a los consejos de las judicaturas respectivas.

En Baja California no es la excepción, y su caso más reciente de lo anterior lo expuso a la luz pública el conflicto legal que vive el empresario congalero, Gerardo Álvarez Jiménez, con consanguíneos que incluyen a su señora madre, en los ámbitos jurídicos penal y civil mercantil en las ciudades de Tijuana y Aguascalientes.

De acuerdo a la información que ha generado este conflicto en el que está involucrado Álvarez Jiménez, económicamente poderoso y de gran aceptación en los círculos del poder político en el estado, al menos hasta que mostró su interés por el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, fue demandado penalmente ante la Procuraduría General de Justicia de Baja California, acusado de robo, falsedad, administración fraudulenta, y por privación ilegal de la libertad, en la Fiscalía General del estado de Aguascalientes.

Y de acuerdo al nuevo sistema de justicia, el agente del ministerio público encontró los elementos jurídicos suficientes y determinó enviarlo al poder judicial del estado.

Que entre empresarios, y en especial los dedicados al ramo de los cabarets, congales y hoteles de paso, el robo, la falsedad y las administraciones fraudulentas, son la cotidianeidad entre los asociados,  lo destacable en este espinoso asunto, es la privación ilegal de la libertad de que lo acusa la señora, María Guadalupe Jiménez Loza, quien es madre de Álvarez Jiménez y a quien señala y responsabiliza de haberla privado de la libertad en octubre de 2017, para obligarle a firmar unos papeles que lo harían propietario absoluto de tres negociaciones ubicadas en la zona norte de Tijuana.

La señora denuncio el ilícito de que fue víctima de su vástago ante el ministerio público de Aguascalientes, a quien dijo que con amenazas la obligo ante el licenciado, Eduardo M. Navarro Vallejo García Travesi, notario número cuatro en Tijuana, a firmar documentación en favor de su hijo de los derechos de las negociaciones, Hotel Coahuila, Valentina Bar y Adelita Bar.

El expediente de investigación que se encuentra en manos del ministerio público, se añade la acusación en contra de Álvarez Jiménez de apropiarse de manera violenta de la administración de los negocios copropiedad de su madre y dos primos, con el apoyo de un actuario de los juzgados civiles y patrulleros municipales a mediados del pasado mes de diciembre del 2017.

Es por ello, y porque sus acusadores, los accionistas que luchan jurídicamente por la restitución de sus derechos mercantiles, han declarado ante la fiscalía  y poder Judicial, que la documentación que ha presentado el imputado Álvarez Jiménez carece de validez legal, pero que con sus influencias dentro del poder judicial las hará valer, evitando con ello una sentencia condenatoria que lo obligue a restituir los bienes que con trampas e ilegalidades se ha apropiado.

Ante ésta situación, los denunciantes exigen y apelan a la probidad y honorabilidad del presidente del Tribunal de Justicia en Baja California, magistrado Juan Salvador Ortiz Morales, para que también en su calidad de presidente del Consejo de la Judicatura, analice la queja en contra de los juzgadores implicados en este asunto, pues los perjudicados temen al final de todo, se exonere de los cargos a Gerardo Álvarez Jiménez, en lugar de estar en prisión.

Veamos que resulta de éste conflicto que emerge de nueva cuenta a la opinión pública, la corrupción que se vive en los juzgados de civiles y penales del estado, y que, cuando menos antaño, los integrantes del Consejo de la Judicatura han solapado, convirtiéndose en sus cómplices en lugar de sus fiscalizadores.

 

Y mientras tanto….

¿Cual será el discurso para ocultar la incapacidad para brindar seguridad a sus conciudadanos del gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, ante el artero asesinato del periodista Carlos Huerta?.

 

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