Oposición frena en San Lázaro reforma para reducir financiamiento a partidos

La iniciativa tuvo 274 votos a favor y 207 en contra, por lo que no alcanzó la mayoría calificada que se requería para que avanzara.

Los partidos Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD) rechazaron la propuesta al señalar, entre otros puntos, que buscaba “asfixiar hasta el exterminio” a los partidos de oposición.

Al fijar su postura, el PT –en voz del diputado Gerardo Fernández Noroña– explicó que para “visitar casa por casa” o para “realizar brigadas” se requieren de recursos económicos, por lo que consideró que una reducción de estos sería “irresponsable”.

“Sólo en Venezuela no hay financiamiento público y se equivocan los compañeros (…) De ahí a suicidarnos políticamente, de sostener estas posiciones absurdas de retirar el financiamiento, es un acto de cobardía”, expresó Fernández Noroña.

Los legisladores del PVEM también se sumaron al rechazo. Marco Antonio Gómez dijo que sin una reingeniería al sistema de partidos se puede afectar hasta el conteo adecuado de votos.

“La mera reducción del financiamiento público a los partidos, sin un ejercicio de reingeniería legal puede ocasionar riesgos tales como la insostenibilidad de actividades permanentes, la búsqueda de financiamiento ilegal y, sobre todo, debilitar la equidad en la contienda, la cual tiene igual de importancia que el conteo adecuado de votos. Ese fue el problema de 2006 y de 2012”, recordó.

Verónica Juárez, coordinador de la bancada de la Revolución Democrática señaló por su parte que si la idea era la de ahorrar recursos, el gobierno federal debía de hacerlo en la estructura de los servidores de la nación y sus coordinadores, funcionarios clave en la operación de los programas sociales.

¿Qué planteaba la reforma?

El dictamen preveía modificar la fórmula que determina el financiamiento público que reciben los partidos para sus actividades, la cual se fija cada año multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). La iniciativa buscaba reducir el multiplicador para los partidos a un 32.5%.

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La iniciativa también incluía un artículo segundo transitorio donde se explicaba que el Congreso de la Unión y las legislaturas locales contarían con un plazo no mayor de 60 días naturales para realizar las modificaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el decreto.