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TRABAJADORES LOS MÁS PERJUDICADOS CON CORRUPCIÓN EN JUNTAS DE CONCILIACIÓN

Leticia Rivera/REFORMA/

 CIUDAD DE MÉXICO.- Entre dádivas, moches y talibanes opera la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) en México, según estudio a 400 patrones realizado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco).

Por ley, los servicios de conciliación entre trabajadores y patrones dentro de la instancia deben ser gratuitos, pero el estudio halló que el 55.9 de los empleadores afirmó que personal de la Junta exigió un pago por el servicio de notificar una audiencia.

La notificación es uno de los puntos medulares en la resolución de un caso, pues de ello depende que el proceso no se alargue.Resultado de imagen para trabajadores en juntas de conciliación

Muchos patrones se cambian constantemente de domicilio o de nombre de empresa, para evadir responsabilidades con su trabajadores, sobre todo cuando son demandados por sus empleados. Otros les dan dinero a los actuarios de las juntas de Conciliación para que no ubiquen los domicilio de sus empresas y eviten la notificación y así alargar más los juicios,laborales.

Si los trabajadores tienen a un abogado laborista que no es corrupto, ganan la demanda,pero es muy larga.

MURAL documentó en junio de 2015 cómo los notificadores laborales eran sobornados, hasta con 100 pesos, para no presentar ésta y alargar los procesos para cobrar más.

La encuesta arrojó que un 59.9 por ciento de los encuestados dijo que se le exigió una dádiva para realizar algún trámite de embargo, en tanto que al 52 por ciento de los patrones, personal del tribunal laboral le pidió dinero para programar una audiencia, que no tiene ningún costo.

El estudio del Imco revela que 18 por ciento de los encuestados indicó que se les solicitó dinero para que el abogado de oficio le prestara sus servicios.

Esto abre la puerta al coyotaje y aumenta el riesgo de que los trabajadores buscando ayuda o asesoría caigan en con los abogados talibanes que, mediante falsos testimonios, ofrecen cobrar laudos millonarios en perjuicio de los patrones, explicó Ricardo Corona, representante legal del Imco.

Para Héctor Pizano, titular de la Secretaría de Trabajo, la corrupción en la JLCA se solventará con la nueva sede del tribunal laboral.TOMADO DE REFORMA

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